El portavoz del Área de Tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y cirugía Torácica (SEPAR), Dr. Carlos Jiménez, defendió que las medidas coercitivas como las multas por fumar en lugares públicos o por la venta de tabaco a menores «influyen sin duda» en dejar este hábito o en no comenzarlo, aunque reconoció que deben ir acompañadas de otras medidas «asistenciales, preventivas e informativas» para incrementar su efectividad.
Asimismo, solicitó que se haga hincapié en algunos aspectos importantes como la mejora de la asistencia, logrando que los tratamientos con fármacos sean financiados o cofinanciados por el Sistema Nacional de Salud.
Las sanciones económicas, que se incluyen en el anteproyecto de Ley de Prevención del Tabaquismo elaborado por el Ministerio de Sanidad, son para el Dr. Jiménez «necesarias, pero no válidas por sí solas», y se mostró confiado en que sea mejorada con las aportaciones de las asociaciones científicas que están estudiando el borrador.
No obstante, la valoración de los especialistas de la Ley en líneas generales es «muy positiva, porque engloba el problema de la prevención y el tratamiento desde diferentes puntos de vista», y tiene como objetivo «controlar esta drogadicción que en España produce 60.000 muertes al año».
El Dr. Jiménez confió en que las medidas que se incluyen en el anteproyecto puedan «contribuir a que la población se sensibilice y comprenda que el tabaco es la primera causa evitable de muerte, y que 60.000 personas al año no hubieran muerto si no hubieran sido fumadores».
En España, un 31% de la población es fumadora, y cada vez son más las mujeres que se aficionan a su consumo, que desciende entre los hombres. La edad media de inicio son los 13 años.
