El Senado ha enterrado la posibilidad de que haya «cubículos» para fumar en los bares tras aprobar la Ley Antitabaco en términos semejantes a los que salió del Congreso. Se ha votado en contra de los cambios que impulsó el PP en la Comisión de Sanidad, que incluía tanto esta posibilidad como una moratoria de seis meses para aplicar la nueva legislación.
La nueva Ley, por la que se prohibirá fumar en todos los espacios públicos cerrados, se aprobará definitivamente en la Cámara Baja la próxima semana y entrará en vigor el 2 de enero.
El texto ha vuelto así en el pleno a su redacción original, debido a la distinta composición de los grupos con respecto a la Comisión de Sanidad del Senado, donde el PP tiene una mayoría relativa.
No obstante, los senadores han incorporado a la normativa la posibilidad de que los casinos, bingos y salas de juego puedan reservar hasta un 30% de su espacio para fumadores, sin servicio de juego ni de consumiciones. Se mantiene además la exigencia de que el Gobierno compense económicamente a aquellos hosteleros que realizaron obras en sus establecimientos en cumplimiento de la Ley de 2005.
No obstante, ninguna de estas medidas prosperará en el Congresoporque, como ha informado la senadora socialista Cristina Maestre,«existe un pacto entre la mayoría parlamentaria» para que no salgan adelante y para que se apruebe la versión más restrictiva de la nueva Ley.
Con el apoyo de los socialistas, sí se mantendrá la autorización para que las tiendas de conveniencia de las gasolineras puedan vender tabaco así como cigarrillos naturales sueltos, un asunto este último que preocupaba especialmente a Coalición Canaria.
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, se ha felicitado del trabajo «riguroso y serio» de los grupos parlamentarios durante el desarrollo de esta Ley. «Hoy damos un paso tremendamente importante para la salud pública de este país», ha sentenciado.
La senadora del PP Dolores Pan ha censurado la ausencia de medidas sanitarias más contundentes contra el tabaquismo, entre ellas el que no se financien los tratamientos para dejar de fumar, y ha puesto en duda que con medidas tan coercitivas se consigan los objetivos de salud pública que persigue esta ley.
