El juicio que enfrenta a Meta, TikTok y YouTube marca un punto de inflexión en el debate sobre las adicciones comportamentales vinculadas a las tecnologías digitales. No se trata únicamente de un litigio centrado en menores o en casos individuales, sino de una causa que pone en cuestión el núcleo del modelo de negocio de las grandes plataformas: diseñar productos para maximizar el tiempo de uso porque ese tiempo se traduce directamente en beneficios económicos.
Durante años, estas empresas han sostenido que el uso problemático de sus servicios depende casi exclusivamente de las decisiones individuales de las personas usuarias o, en el caso de menores, del control familiar. El proceso judicial cuestiona esta narrativa al situar el foco en el diseño deliberado de funciones como el scroll infinito, los sistemas de recomendación algorítmica, las notificaciones persistentes o la reproducción automática de contenidos. Estos elementos no son neutros: están concebidos para captar atención, reducir la capacidad de desconexión y fomentar patrones de uso intensivo.
Desde la perspectiva de las adicciones, el paralelismo con otras industrias es evidente. Igual que ocurrió con el tabaco, el alcohol o el juego, la discusión no gira solo en torno a la vulnerabilidad de determinadas personas, sino a la responsabilidad de quienes diseñan y comercializan productos sabiendo que incrementan el riesgo de dependencia. La evidencia científica acumulada en los últimos años muestra que estos entornos digitales activan circuitos de refuerzo similares a los implicados en otras adicciones comportamentales, especialmente cuando se combinan con recompensas variables e impredecibles.
El juicio no afirma que todas las personas desarrollen una adicción al usar redes sociales o plataformas de vídeo, del mismo modo que no todas desarrollan dependencia al consumir alcohol. Lo que se cuestiona es si las empresas han priorizado sistemáticamente la retención de usuarios por encima de la protección de la salud, incluso cuando disponían de datos internos sobre los efectos negativos del uso intensivo y prolongado. Para los y las profesionales de las adicciones, este matiz es clave: desplaza la mirada del “mal uso” individual hacia las condiciones estructurales que facilitan ese uso problemático.
Que estas prácticas lleguen a los tribunales abre un escenario nuevo. Por un lado, puede impulsar regulaciones más estrictas sobre diseño digital, transparencia algorítmica y límites al aprovechamiento de datos de comportamiento. Por otro, refuerza una lectura menos moralista y más estructural de las adicciones tecnológicas, alineada con enfoques de salud pública y justicia social. No estamos ante un problema de falta de autocontrol generalizada, sino ante productos optimizados para generar dependencia en contextos de mercado altamente competitivos.
Más allá del resultado judicial, el mensaje es claro: la responsabilidad no puede recaer únicamente en las personas usuarias. Si estas tecnologías generan dependencia, es porque están diseñadas para hacerlo. Que esta cuestión se debata en un juzgado supone, por primera vez, un cuestionamiento directo del relato de neutralidad tecnológica que las grandes plataformas han defendido durante años.
