El International Drug Policy Consortium (IDPC) ha publicado el documento ‘Safeguarding rights in EU drug policy – Contribution to the European Commission’s call for evidence on the EU Drugs Strategy and Action Plan’ (Salvaguardar los derechos en la política de drogas de la UE: contribución a la convocatoria de evidencias de la Comisión Europea sobre la Estrategia y el Plan de Acción en materia de drogas de la Unión Europea). El texto consiste en una aportación a la consulta pública de la Comisión Europea sobre la próxima Estrategia y Plan de Acción de la Unión Europea en materia de drogas. La organización propone que la futura política comunitaria priorice los derechos humanos, la salud pública y la participación ciudadana frente al enfoque punitivo que sigue predominando en Europa.
Según el IDPC, la actual estrategia europea pone demasiado énfasis en el control de la oferta y las medidas policiales, a pesar de la falta de evidencia sobre su eficacia y de las violaciones de derechos humanos asociadas. La organización insta a un equilibrio real entre las políticas de reducción de la demanda, la prevención, el tratamiento, la reducción de daños y la cooperación internacional, con una asignación equitativa de recursos entre todas las áreas.
El documento resalta la importancia de reforzar la participación de la sociedad civil y las comunidades afectadas, que en muchos países europeos enfrentan limitaciones, falta de financiación o incluso criminalización. El IDPC reclama que la nueva estrategia europea garantice procesos de consulta abiertos, proteja legalmente el trabajo de las organizaciones y asegure un acceso justo a los fondos públicos, reconociendo su papel esencial en la prestación de servicios y en la defensa de los derechos de las personas que usan drogas.
El informe también pide que la política de drogas de la UE se alinee con los marcos internacionales de derechos humanos establecidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la posición común de la ONU sobre drogas. Este enfoque, según el IDPC, permitiría avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud, la igualdad y la justicia social.
Otro de los puntos destacados es la necesidad de ampliar la reducción de daños como respuesta eficaz y humana ante los problemas asociados al consumo de drogas. El IDPC propone extender servicios como las salas de consumo supervisado, la distribución de naloxona, los programas de atención sanitaria en prisiones y las intervenciones integrales que aborden cuestiones de vivienda, género, salud mental y migración.
El consorcio también aboga por fomentar la innovación política, apoyando a los Estados miembros que exploren modelos alternativos a la criminalización, como la despenalización o la regulación controlada de algunas sustancias. Estas medidas, señala, deben evaluarse en función de sus resultados en salud pública y justicia, y no por criterios ideológicos.
Finalmente, el IDPC pide que la Unión Europea adopte una posición unificada y progresista en los foros internacionales sobre drogas, defendiendo un enfoque coherente con los derechos humanos y dando voz a la sociedad civil en la toma de decisiones.
