“¿Por qué el glifosato afecta la salud cuando se usa para combatir el delito, pero no cuando se usa para la agricultura y la ganadería? ¿Acaso el verdadero riesgo para la salud de los campesinos y las comunidades de las zonas cocales no son los insumos químicos que acaban en las aguas y en las tierras? ¿Si la participación popular es necesaria para utilizar el glifosato en la lucha contra un delito, por qué no es obligatoria cuando se usa para la agricultura?”. Esas fueron las preguntas que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) acaba de enviarle a la Corte Constitucional, con lo que pretende tumbar una reciente decisión que frenó el retorno de la aspersión con glifosato.
A través de un escrito de nulidad, la Andje pide que deje sin efectos el fallo de la Corte del pasado 19 de enero, que frenó el plan de manejo ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Con este proyecto, el Gobierno buscaba volver a la aspersión aérea con glifosato de cultivos de uso ilícito en 14 departamentos y 104 municipios. Sin embargo, una tutela dejó en suspenso el plan de Gobierno, pues en ella se documentó que durante la pandemia por covid-19, las poblaciones afectadas no pudieron conocer en su integralidad el “abc” del plan contra el narcotráfico, un requisito fundamental para que el Gobierno pudiera poner en marcha su plan.
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