La otra cara de la crisis en el mundo de las drogas es la de los centros a los que acuden las víctimas del uso problemático de las drogas – un 10 % del número total de personas que llegan a tener algún contacto con ellas- para intentar afrontar sus consecuencias y romper con las adicciones.
Son centros privados, sin ánimo de lucro, creados y gestionados en la mayoría de los casos por organizaciones no gubernamentales (oenegés) que se financian básicamente con subvenciones públicas y aportaciones voluntarias de particulares y empresas. Sobre alguno de ellos planea un inminente expediente de regulación de empleo, inicialmente con carácter temporal.
Portavoces de Érguete y Proyecto Hombre, las dos principales entidades que operan en Galicia, cifran en un promedio del 30 % el recorte en la financiación pública a lo largo de los tres últimos ejercicios.
«El panorama que tenemos hoy -explica Elvira, de Érguete- se puede resumir así: más trabajo y menos recursos, más demanda y menos dotación».
En sus diferentes programas, Érguete está prestando ayuda a más de dos mil personas en sus diversos servicios. La demanda va a más, pero sus presupuestos han sufrido un recorte de entre el 30 y el 40 %, según los programas, a lo largo de los tres últimos años. Los más afectados son los destinados a prevención, con lo que las consecuencias se verán a medio plazo.
Proyecto Hombre atiende a más de seiscientas personas en los nueve centros que gestiona en Galicia. Más de 150 eran consumidores problemáticos de cocaína. «Cada vez hay más demanda de tratamientos para este problema, porque cada vez está menos estigmatizado el perfil del drogadicto, está mas integrado y se le ve más como a un enfermo», explica Ramón Crespo, responsable del Proyecto Hombre en Galicia. Señala además que la crisis está agravando las cosas. «Como siempre, en momentos de crisis repunta el consumo problemático», dice. Pero no aumenta la capacidad de respuesta. «A nuestros centros, el conjunto de la financiación pública del 2009 al 2011 se les redujo un 32 %».
El recorte más drástico fue el del año pasado. Tuvieron que concentrar programas y cerrar la parte residencial tanto en Lugo como en Pontevedra.
