El documento también incluye medidas económicas. El texto plantea que la ley contenga un régimen sancionador para los menores y sus familias, que deberá ser «proporcionado, reforzando los mecanismos punitivos ya existentes y tener una orientación educativa». Pero en el caso de reincidencia grave, apunta el informe, siempre que se pueda demostrar «una actitud negligente de los padres o madres» y haya «evidente riesgo para el menor», la receta del Congreso es que «se aplicaría la normativa ya existente en el ordenamiento jurídico vigente para la protección del menor».
La diputada Tania Sánchez, de Podemos, pidió que toda la carga punitiva no caiga sobre los padres porque lo que se deberían fomentar son medidas de conciliación familiar para abordar los problemas.
En ese sentido, en caso de sanciones económicas, la comisión apunta que la posibilidad de su cumplimiento alternativo mediante actuaciones formativas en las que participen tanto los menores como los padres o tutores. Estas actuaciones deberán diferenciar de forma exhaustiva los niveles de gravedad y tener en cuenta la reincidencia para no limitar la actuación a la sanción y activar medidas que eviten el empeoramiento de la situación.
Para que el procedimiento sancionador resulte eficaz, la comisión formula que se deben clarificar las competencias y dotar de recursos financieros, humanos, legislativos y materiales suficientes a las Administraciones competentes. Y no solo en la gestión de la sanción, «sino fundamentalmente en la función inspectora, preventiva de la infracción y de seguimiento de posibles medidas alternativas a las sanciones impuestas».
