El Tribunal Supremo ha puesto en solfa la regulación de los clubes de usuarios de cannabis en Barcelona, la ciudad de España con el mayor número de asociaciones de este tipo. El Alto Tribunal ha dictado dos sentencias en un solo mes en las que declara que el Ayuntamiento de la capital catalana carece de competencias para regular el funcionamiento de esas entidades mediante un plan municipal urbanístico aprobado en 2016 y que ha registrado la apertura de 218 clubes cannábicos.
La batalla judicial por la delimitación de las competencias para regular las asociaciones de usuarios de cannabis ha llegado así al corazón de un sistema basado en el consumo responsable y compartido y en la reducción de daños, del que España es líder mundial, y Barcelona, su capital de referencia. Antes, el Tribunal Constitucional ya había declarado inconstitucionales las leyes aprobadas por los parlamentos de Navarra y Catalunya que regulaban estos clubes por entender que invadían competencias estatales en torno a una sustancia con tipificaciones penales. Ahora, el Supremo ha seguido esa argumentación al ratificar dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en las que se estiman parcialmente sendos recursos contra el acuerdo del 27 de mayo de 2016 del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona por el que se aprobó el Plan Especial Urbanístico para la Ordenación Territorial de los Clubs y Asociaciones de Consumidores de Cannabis.
