El pasado 23 de junio, por primera vez en la historia, el Departamento de Justicia presentó cargos contra cuatro empresas con sede en China por producir, distribuir y vender precursores químicos para la fabricación de fentanilo. Según la Fiscalía, las empresas eran muy conscientes de que los componentes químicos que vendían estaban destinados a fines ilícitos: no solo habían tratado de camuflar sus productos para que pasasen la aduana sin problemas, sino que sus anuncios comerciales estaban dirigidos específicamente a fabricantes de esta droga en México y EEUU, e incluso ofrecían asesoramiento sobre cómo transformar los precursores en fentanilo. Y, en al menos un caso, los cargos estaban bien fundados.
Tres meses antes, dos ejecutivos de la empresa china Amarvel Biotech habían viajado a Tailandia para reunirse con un supuesto cliente, que había pagado 5.000 dólares por adelantado en criptomonedas y se mostraba dispuesto a adquirir precursores químicos en grandes cantidades para, según dijo en la reunión, inundar Nueva York con millones de dosis de fentanilo. Una de las ejecutivas chinas se ofreció a echarle una mano con ello: «Tenemos un montón de clientes en América y México, y saben cómo producirlo», le dijo. Para su desgracia, el cliente era en realidad un informante de la DEA, la agencia antidrogas de EEUU, como parte de una compleja operación en cinco países en la que también colaboraban otras fuerzas policiales. Aquel día, sin embargo, el trato se cerró sin mayor dificultad, y, después de que el cliente enviase otros 40.000 dólares en criptomonedas, la empresa química envió 210 kilos de precursores a California, que acabarían siendo decomisados. Los ejecutivos chinos fueron posteriormente detenidos en Fiji, donde el supuesto cliente había organizado otra reunión.
