Casi 20.000 de las 26.820 sentencias condenatorias, es decir casi un 75%, tras la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial, que entró en vigor el 2 de diciembre de 2007, corresponden a conducción bajo los efectos del alcohol, 4.849 a conducción sin permiso (en vigor éstas desde el 1 de mayo de 2008) y el resto a delitos de exceso de velocidad.
Sin embargo, el «desafió» del fiscal delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, es hoy aplicar la ley «con mayor rigor» a los que utilizan «medios fraudulentos» para burlar los controles de velocidad.
Las condenas por exceso de velocidad «son en número inferior», dijo Vargas en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, porque «el código, ha fijado un límite de velocidad muy alto, por el efecto disuasorio que ya va teniendo la ley penal y porque hay una picaresca importante». En cualquier caso, la Fiscalía de Seguridad Vial espera «superar» determinados «obstáculos» y «sorprender» a los conductores que utilizan la «picaresca» para burlar la ley.
«Cuando la ley se hace más rigurosa, se hace más riguroso el fraude, surge la picaresca», dijo Vargas. Así especificó que con el carné por puntos, apareció la venta de puntos, cuando se endureció la ley penal aparecieron más inhibidores de los radares y sustancias sobre las matrículas que impiden la visualización del radar o coches con inhibidores de radares «con la intención de quebrantar la ley».
Todo ello hace más difícil la persecución de estas infracciónes. Por todo ello las condenas son en número inferior, pero esperamos superar estos obstáculos, sorprender a estos conductores, y los que utilizan medios fraudulentos, aplicarles la ley con mayor rigor dentro de los marcos penales. Este es nuestro desafío», aseveró.
