Doce países, entre ellos Panamá, Nicaragua y Uruguay, fueron los primeros en firmar un protocolo internacional para la lucha contra el tráfico de tabaco y que la industria tabaquera intentó obstaculizar mientras duró su negociación.
El protocolo fue adoptado en una conferencia internacional celebrada el pasado diciembre en Corea del Sur y con la adhesión de este primer grupo de países -que incluye también a China, Francia, Gabón, Libia, Birmania, Corea del Sur y Siria- se ha abierto el proceso para su firma y ratificación por parte de los primeros cuarenta Estados requeridos para su entrada en vigor.
En la ceremonia, que tuvo lugar en la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los representantes de México, Irán y de la Unión Europea (27 países) dijeron que están avanzando en sus procedimientos legales internos para firmar este protocolo en breve.
La embajadora de Uruguay ante la ONU en Ginebra, Laura Dupuy, consideró la firma del protocolo como «un paso más en contra de la epidemia del tabaquismo», un problema que se agudiza por el tráfico de productos de tabaco que favorece su acceso a los jóvenes y a los más pobres.
Para luchar contra esta actividad ilegal se requiere «controlar la cadena de suministro (del tabaco y sus productos derivados) y fomentar la cooperación internacional», agregó.
La diplomática recordó que Uruguay, uno de los países tomados junto a Australia como ejemplo de políticas de control del tabaco, afronta una demanda internacional por parte de la industria tabaquera contra sus políticas en esta materia, que sólo entre 2006 y 2009 permitieron reducir en 24 por ciento el consumo nacional de tabaco.
Frente a esta situación, Dupuy reafirmó la continuidad de esas políticas para luego declarar que «los intereses comerciales de las multinacionales deben ajustarse a los intereses de salud pública de Uruguay».
La directora general de la OMS, Margaret Chan, también se refirió a la guerra abierta por la industria tabaquera contra el Acuerdo Marco para el Control del Tabaco, el primer instrumento jurídico internacional sobre salud pública en vigor desde hace ocho años y del que forman parte 142 países.
Señaló que conocía las «dificultades» que han pusieron las compañías de tabaco en el proceso de negociación del protocolo suscrito hoy y recalcó que para ésas se trata de una batalla que «no se pueden permitir perder».
