El gobierno colombiano acaba de aprobar una norma que transforma por completo cómo el Estado trata a las personas que consumen drogas —ya sean legales (como alcohol) o ilegales (como marihuana)—, alejándose de una mirada punitiva para adoptar una visión más sanitaria y enfocada en derechos humanos.
La Resolución 2100 de 2025, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, crea la Política Integral para la Prevención, la Reducción de Riesgos y Daños y la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 2025-2033. Este nuevo marco reemplaza los enfoques dispersos anteriores y ordena las acciones institucionales en torno a un Sistema Nacional de Atención al Consumo de SPA, integrando salud, justicia, educación y protección social.
