La Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) solicitó ayer a las titulares del Ministerio de Sanidad y del plan nacional sobre drogas una entrevista para discutir la legalización del uso y consumo público del cannabis o marihuana, droga cuyo consumo privado no está penalizado en España.
Su recién elegido presidente, Martín Barriuso, aspira, además, a que la Administración les escuche a la hora de diseñar las políticas sobre drogas.
La FAC defiende, asimismo, que mientras se discuten estas políticas, así como la legalización que defienden, cesen las incautaciones de plantas, la detención de cultivadores y los cacheos en la vía pública. Otra reivindicación es que se negocie una propuesta de transición sobre producción propia.
El hecho de que el consumo privado de cannabis no esté penado, pero sí esté prohibido su uso y consumo público, sitúa a los consumidores de esta droga en una posición de «indefensión jurídica» que no se puede mantener, agregó Barriuso.
En cuanto a los aumentos en el consumo de cannabis entre la población escolar, Barriuso afirmó que demuestran el «fracaso» absoluto de la política prohibicionista y recordó que el consumo de drogas legales como el alcohol y el tabaco ha disminuido sin embargo entre los jóvenes.
Juicios a cultivadores
Finalmente, Barriuso aludió a las últimas 35 detenciones de cultivadores de cannabis asociados a la FAC. Del total, relató, nueve se encuentran a la espera de juicio, siete han visto archivadas sus causas y en los 19 casos en los que se produjeron los correspondientes juicios, 18 fueron absueltos en primera o segunda instancia. Según Barriuso, la jurisprudencia es unánime en considerar que el cultivo de marihuana para el propio consumo es una actividad impune.
