Las 54 entidades de 17 países representantes de la Red Iberoamericana de ONG que Trabajan en Drogodependencias (RIOD), reunidos en Santa Cruz de la Sierra, del 20 al 24 de abril de 2009, considerando que:
- El consumo de drogas es uno de los problemas sociales y de salud pública que requieren de respuestas globales, integradoras y construidas en el marco de los Derechos Humanos, que promuevan la construcción de ciudadanía y el desarrollo sostenible.
- Las instituciones, la sociedad civil y las personas tenemos derecho y la obligación de participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en conjunto con los gobiernos.
Declaramos que:
- Los Derechos Humanos son de aplicación para todas las personas, independientemente de que tengan o no problemas de consumo de drogas.
- El consumo de drogas no es sólo un problema individual sino social y de salud pública.
- La prevención es la prioridad para promover estilos de vida saludables y para el fortalecimiento del tejido social.
- Los programas de carácter asistencial/ tratamiento/ rehabilitación/ inclusión social/ deben ser de acompañamiento, de fortalecimiento y de reconocimiento del consumidor como un sujeto de derechos que es protagonista de su proceso de cambio.
- Los programas de prevención, asistencia e inclusión social son los que deben adaptarse a las personas, a sus potencialidades y necesidades.
- Las personas con problemas de drogas tienen derecho a una atención adecuada independientemente del país en que vivan y de su situación jurídico-penal.
- La diversidad de intervenciones y programas de prevención, tratamiento y rehabilitación es un elemento imprescindible para los procesos de inclusión social.
- Es necesario que los organismos internacionales, los gobiernos Iberoamericanos, y las agencias de cooperación internacional, cuenten con las organizaciones sociales para diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas en materia de drogas.
Instamos a los Gobiernos y a los organismos internacionales a:
- Valorar y promover la participación de los diversos actores sociales en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de drogas.
- Asignar recursos suficientes para el desarrollo de los programas de prevención, tratamiento e inclusión social, priorizando programas sociales dirigidos especialmente a las poblaciones que viven en condiciones de mayor exclusión social.
Santa Cruz de la Sierra, 24 de abril de 2009
