Harm Reduction International publica su actualización anual sobre el estado de la reducción de daños en el mundo. El documento presenta un panorama marcado por avances legislativos en algunos países, pero también por una crisis financiera que amenaza servicios esenciales para millones de personas que usan drogas. La organización señala que el retroceso en la financiación internacional, especialmente tras la retirada abrupta del apoyo económico de Estados Unidos, ha creado lo que describe como uno de los mayores desafíos en décadas para la salud pública en esta materia.
El informe señala que la reducción de daños continúa expandiéndose, aunque de manera desigual. En total, 112 países incluyen ya referencias favorables o compromisos explícitos con este enfoque en sus políticas nacionales, cuatro más que en la edición anterior. Entre los nuevos países que figuran con políticas que reconocen la reducción de daños se encuentran Ghana, Fiyi, Trinidad y Tobago y Filipinas. El documento destaca estos avances como señales de un cambio gradual hacia modelos más centrados en la salud y los derechos.
Además de este progreso normativo, el informe registra un aumento en el número de países que cuentan con programas de tratamiento con agonistas opioides. En 2025, HRI contabiliza 95 países con al menos un programa activo de terapia agonista, una herramienta ampliamente reconocida para reducir riesgos asociados al consumo de opioides. También se identifican 19 países con salas de consumo supervisado, un tipo de servicio que permite el uso de sustancias bajo supervisión profesional, y que ha demostrado reducir muertes por sobredosis y mejorar el acceso a la atención sanitaria.
La actualización recoge otro dato relevante: 26 países han comenzado a implementar servicios de “kits de consumo más seguro”, destinados a quienes consumen drogas por vía fumada o inhalada. Este tipo de paquetes, que incluyen boquillas o utensilios estériles, pretende ofrecer alternativas que reduzcan daños y enfermedades entre personas que no usan drogas inyectables. Entre los países que reportan avances en esta materia aparece Marruecos, que ha comenzado a ofrecer este tipo de material dentro de sus intervenciones de salud pública.
Sin embargo, junto a estos progresos, el informe advierte de un deterioro global en la financiación. A comienzos de 2025, la retirada completa del apoyo económico de Estados Unidos —uno de los mayores donantes internacionales en reducción de daños— provocó cierres inmediatos de programas en diversos países. HRI alerta de que muchos servicios, especialmente en países de ingresos bajos y medios, dependían de esta financiación externa para funcionar. El impacto, según la organización, ha sido “grave e inmediato”.
En Kenia, el cierre de una clínica de metadona puso en riesgo los tratamientos de cientos de personas, mientras que los programas de intercambio de jeringas redujeron su capacidad. En Sudáfrica, la falta de fondos obligó a clausurar servicios comunitarios que atendían a miles de personas usuarias de drogas. Casos similares se han registrado en Asia Central, el Caribe y parte de Europa del Este, donde organizaciones locales dependen casi por completo de fondos internacionales para operar.
HRI subraya que esta crisis no solo afecta a la continuidad de los servicios, sino también a la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias. Los recortes llegan en un momento en el que muchos países enfrentan aumentos de sobredosis, presencia de sustancias sintéticas más potentes y repuntes de VIH y hepatitis entre personas que usan drogas inyectables.
El informe también destaca el papel fundamental de las comunidades y de las organizaciones lideradas por personas que usan drogas. En varios países, estos grupos han mantenido activos programas básicos de reducción de daños pese a los recortes, a menudo recurriendo a donaciones privadas o a voluntariado. HRI considera que esta capacidad de resiliencia es una prueba del valor y la eficacia del enfoque, pero advierte de que no puede sustituir la inversión pública sostenida.
En sus conclusiones, la organización llama a fortalecer el compromiso político, legislativo y financiero con la reducción de daños. Señala que los tratamientos con agonistas, las salas de consumo supervisado, la naloxona, los programas de intercambio de jeringas y los kits de consumo seguro siguen siendo herramientas indispensables para reducir muertes, prevenir infecciones y garantizar la dignidad y la salud de las personas que usan drogas. También insiste en que la reducción de daños debe formar parte de las políticas nacionales de salud, no depender de fondos inestables o donantes externos.
