Los resultados del estudio presentado ayer por el Comisario de Sanidad de la UE, Markos Kyprianou, demuestra el acierto de las legislaciones antitabaco aplicadas en la Europa de los 27 con el objetivo de que todos los espacios públicos y recintos cerrados estén libres de humo en 2009.
Coincidiendo con ese informe, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un balance sobre los primeros 500 días de vigencia de la ley antitabaco en España. Ambos análisis constatan que no basta con promulgar una norma para alcanzar objetivos que, como en este caso, persiguen el ambicioso logro de un cambio de hábitos personales y de conducta social. Junto a la cifra de 650.000 europeos que mueren anualmente a causa del tabaco -que provoca cáncer, enfermedad pulmonar crónica o cardiopatías- crece la proporción de quienes aprueban la adopción de medidas de prohibición del consumo de cigarrillos.
En España lo acepta el 83% de la población, mientras que la media de la UE es cinco puntos superior. Resulta positivo que en el año y medio transcurrido desde la aprobación de la ley antitabaco 400.000 españoles (sobre un 34% de población adicta) hayan dejado de fumar. Pero las autoridades sanitarias no pueden pasar por alto el alto índice de fracaso que persiste entre quienes intentan abandonar dicho consumo, lo cual invita a revisar los protocolos sobre tratamientos médicos para quienes no hayan alcanzado aún el grado de grave patología. El caso español ofrece, además, la peculiaridad de que siendo tantas las personas que han dejado de fumar y a pesar de las subidas de los impuestos con que se grava el tabaco, las ventas de éste sólo han descendido un 3% mientras que la recaudación fiscal ha aumentado un 7%. Ello se explica porque la carga impositiva en España es mucho más baja que en países vecinos; lo cual anima a turistas y visitantes a proveerse aquí de tan nocivo producto.
El hecho de que sólo un 10% de los bares se hayan declarado libres de humos, y que tanto comunidades autónomas como ayuntamientos se estén empleando con no demasiado celo en el desarrollo y aplicación de la normativa general, es una significativa evidencia de la resistencia social y de la renuencia institucional a mostrarse consecuentes ante un riesgo tan evidente. La preeminencia del derecho a la salud hace que, al contrario de lo que tan equivocadamente se proclama, el derecho prevalente sea el de los no fumadores frente a la libertad que reclaman para sí los fumadores.
