El temor del CES a la repercusión negativa de prohibir el consumo de tabaco en los centros de trabajo es «infundado», según las sociedades científicas integradas en el Comité y tiene su origen en «la manipulación de los datos económicos que ha hecho siempre la industria tabaquera».
El actual presidente del Comité, Rodrigo Córdoba, cuestiona los beneficios económicos por la producción, distribución y venta de tabaco, así como los ingresos vía impuestos, ya que subraya que «lo cierto es que el coste social y económico del tabaco es ingente y de una magnitud que lo convierte en un mal negocio para los fumadores y para la comunidad en general».
Además de los gastos sanitarios, el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo se refiere a las pérdidas productivas por absentismo y bajas laborales, las pensiones de invalidez para enfermos crónicos, incendios y accidentes relacionados con el tabaco o gastos por polución.
Este comunicado del Comité responde al dictamen del CES que, el pasado miércoles y con el voto en contra de los consumidores, reprochó al anteproyecto del Gobierno sobre prevención del uso del tabaco que no ha valorado adecuadamente, en toda su complejidad, las consecuencias económicas, en términos de empleo y de organización del trabajo, que las nuevas medidas puedan comportar.
En cuanto a la medida concreta de la prohibición de fumar en los centros de trabajo, el CES consideraba que puede ser fuente de «importantes conflictos» y defiende que esta prohibición se elimine y se deje la cuestión en manos de empresarios y trabajadores.
