Históricamente los dos primeros eslabones de la cocaína, el cultivo de coca y la fabricación -en el campo- de su producto intermedio, tanto en Colombia como en Bolivia y Perú, han sido reducidos al calificativo de “el problema de las drogas”, así se omite cualquier análisis socioeconómico que explique su génesis en territorios abandonados por las instituciones de nuestros tres países.
“El problema”, queda entonces constreñido a su definición como asunto legal, que por ende tiene como única solución, la persecución militar o policial y demás herramientas represivas de la ley. Por esto, incluso el desarrollo alternativo o sustitución, solo se entiende como “políticamente correcto” cuando queda supeditado a la ley que, en este caso, blande como su herramienta a la erradicación de cultivos. Por eso, a pesar de que el discurso político al más alto nivel reconoce la gradualidad como reclamo válido de la comunidad cultivadora, funcionarios intermedios -cual oficiales de la inquisición prohibicionista- bloquean esta necesaria secuencialidad en la sustitución.
