Redacción-
Hace cinco años, en California, los votantes aprobaron la Propuesta 64, que entre otras cosas daba el tiro de salida para una transición del mercado ilegal del cannabis al mercado legal. Por ello las empresas que se dedican al negocio de la marihuana deben pasar de licencias provisionales a licencias anuales regulares para 2019.
Un requisito clave para pasar de una licencia a otra, es realizar una revisión de la CEQA para indicar cómo las granjas de marihuana y otros negocios de cannabis afectan el agua, el aire, las plantas y la vida silvestre circundantes, y proponer formas de mitigar los daños. Además, cada cultivador de cannabis debe proporcionar evidencia de que cumplió con los requisitos para la revisión ambiental. Si su ciudad y condado no proporcionan el documento requerido, los solicitantes deben preparar uno, lo que a menudo significa contratar consultores ambientales.
Por todo ello, muchas empresas no pudieron cumplir a tiempo, por lo que el estado permitió las licencias provisionales hasta el 1 de enero de 2020 y luego extendió la fecha límite nuevamente hasta el 1 de enero de 2021, y nuevamente hasta el 1 de febrero de 2022. Incluso hubo un proyecto de ley para alargar el plazo de las licencias provisionales seis años, hasta el 2028, pero los grupos ecologistas se opusieron, y el proyecto cayo. Actualmente se calcula que el 82% de las empresas aun posen licencias provisionales.
Para facilitar que las empresas del sector puedan hacer la transición antes de la fecha prevista como límite, California aprobó el lunes 14 de junio, un plan de ayudas para que las ciudades más afectadas pueden ayudar a sus productores locales en la transición. El plan está dotado con 100 millones de dólares, y la mayor parte de este dinero (22 millones) va a caer en Los Ángeles. Otras ciudades que recibirán subvenciones son Long Beach, San Francisco, Oakland, Commerce, Adelanto y Desert Hot Springs.
Para los legisladores esta medida es esencial para garantizar por un lado una buena transición de un mercado ilegal a uno regulado, ya que los impedimentos para conseguir las licencias pueden tirar para atrás toda la iniciativa de regulación. Y por otro lado para garantizar un mercado equitativo y sostenible.
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