Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Singapur que detenga la ejecución prevista para el día de hoy de Pannir Selvam Pranthaman, ciudadano malasio condenado a muerte por un delito de drogas. La organización denuncia que su caso presenta graves irregularidades y vulneraciones del derecho internacional de los derechos humanos.
Pannir fue condenado el 2 de mayo de 2017 por importar 51,84 gramos de heroína y sentenciado automáticamente a la pena capital. El tribunal reconoció que actuó únicamente como “correo”, sin tener un papel de organización o dirección en el tráfico, pero la fiscalía se negó a emitir el certificado que habría permitido al juez imponer una pena menor. Este mecanismo legal traslada de facto la decisión sobre la pena del poder judicial al ministerio público, debilitando la independencia judicial.
Su apelación fue rechazada el 5 de septiembre de 2025, y el 3 de octubre su familia fue informada de que la presidencia había denegado su solicitud de clemencia. Es la tercera vez que se fija una fecha de ejecución para Pannir, quien ha pasado años en el corredor de la muerte. Durante su encarcelamiento ha escrito poemas y canciones, algunas en colaboración con artistas malasios, que se han convertido en un símbolo de resistencia y humanidad frente a la pena capital.
Según Chiara Sangiorgio, asesora sobre pena de muerte de Amnistía Internacional, “es indefendible que Singapur siga aplicando ejecuciones en nombre del control de drogas”. En lo que va de 2025, Singapur ha ejecutado a once personas, nueve de ellas condenadas por delitos relacionados con drogas. Y recuerda que no existe evidencia de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio superior ni de que contribuya a reducir el consumo o la disponibilidad de drogas.
La organización insiste en que los gobiernos deben abordar los problemas vinculados a las drogas desde un enfoque de salud pública y derechos humanos, no desde el castigo. Propone ampliar el acceso a servicios sociales, de prevención y tratamiento, y atender las causas socioeconómicas que empujan a muchas personas a involucrarse en el mercado ilícito.
Amnistía Internacional también ha pedido al gobierno de Malasia que utilice todas las vías diplomáticas posibles para frenar la ejecución, y ha instado a organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) a presionar a Singapur para reformar sus políticas de control de drogas conforme a los derechos humanos.
Singapur es uno de los pocos países que continúa aplicando la pena de muerte por delitos de drogas, junto con China, Irán y Arabia Saudí. En contraste, 113 países han abolido la pena capital para todos los delitos y cerca de tres cuartas partes del mundo la han eliminado en la ley o en la práctica. El derecho internacional prohíbe la imposición de la pena de muerte obligatoria y limita su aplicación a los “delitos más graves”, entendidos como aquellos que implican homicidio intencional.
