El final de los años 80 marcó el arranque de las políticas de reducción de daños en Barcelona para hacer frente a las consecuencias del consumo de drogas por vía parenteral. Diez años más tarde, en la mayor escena de venta y consumo de drogas que tenía la ciudad, se inició a la puesta en marcha de las salas de consumo higiénico (SCH). En estos espacios se consume bajo la supervisión de profesionales, evitándose la transmisión de enfermedades infectocontagiosas y las muertes por sobredosis. Hoy en día, las SCH se han expandido por la mayoría de los distritos de la ciudad y barrios de ciudades periféricas con resultados positivos.
Sin embargo, los recortes en sanidad, la dispersión de los consumidores hacia otras zonas, las dificultades de acceso a los tratamientos y una falta de coordinación en la distribución de servicios sociosanitarios convergen en el estancamiento del avance de las políticas de drogas de Barcelona.
En este libro se presenta una investigación etnográfica, guiada por la antropología médica y el método biográfico, realizada entre 2011 y 2015 en cinco SCH de Barcelona, donde se analizan los procesos de salud-enfermedad-atención de las personas usuarias de las SCH y la cotidianidad en estos dispositivos. Específicamente, se procura un análisis de las necesidades sanitarias, sociales y legales de las personas usuarias y una evaluación de las políticas de reducción de daños desde las SCH.
El análisis revela las características y necesidades de las personas usuarias según la organización de sus vidas en torno al consumo de drogas. Los diferentes estilos de vida ponen de manifiesto la necesidad de diseñar programas sociosanitarios específicos. En resumen, los planes de actuación sobre drogas deben cambiar de rumbo para promover unos programas y dispositivos de reducción de daños más flexibles, que cuenten con la participación de las personas consumidoras drogas, fomentar estrategias para la regulación de drogas sujetas a fiscalización, así como, a integrar más estrechamente este modelo de intervención con políticas sociales, como sería el acceso a la vivienda y los servicios sociales, si queremos continuar avanzado en unas políticas de drogas basadas en los derechos humanos y la evidencia científica.
