Graziela Touzé es trabajadora social y especialista en ciencias sociales y salud, reconocida por su trayectoria en la promoción de políticas públicas basadas en derechos humanos y en la reducción de daños vinculados al consumo de sustancias. Fundadora, presidenta entre 1995 y 2022 y actual asesora institucional de la Asociación Civil Intercambios, una organización con sede en Buenos Aires que desde hace tres décadas impulsa investigación, formación, incidencia política y programas comunitarios sobre drogas, salud y derechos humanos. Es profesora, investigadora y directora académica de la Diplomatura “Políticas e intervenciones en drogas y derechos humanos” de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y en programas de posgrado en varias Universidades Nacionales.

Touzé ha participado activamente en redes regionales e internacionales, siendo una de las creadoras de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños. También es referente en debates sobre VIH, políticas de drogas y participación comunitaria en América Latina. A lo largo de su carrera, ha combinado la investigación académica con el trabajo territorial, priorizando el enfoque de salud pública, género y justicia social en las respuestas al consumo de sustancias.

Del 2 al 5 de junio de este año, la experta participó en la Conferencia Internacional: ‘Política de drogas, derechos humanos y corresponsabilidad global’, que tuvo lugar en Barcelona, organizada por la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia. En el marco de la conferencia, los primeros días estuvieron dedicados al trabajo interno, en los que Touzé participó en la mesa de reducción de daños, junto a otras personas expertas y referentes, como Aura Roig (Metzineres), Oriol Romaní (antropólogo e investigador), Julián Quintero (Échele Cabeza), Otger Amatller (Fundación Salud y Comunidad), y Josep Rovira (ABD).

Durante el acto público del 5 de junio, la propuesta fue hacer preguntas incómodas para generar una reflexión colectiva sobre el papel de los gobiernos e instituciones en las políticas de drogas, y cómo, al final, siempre se tiende a criminalizar a los eslabones más vulnerabilizados de la cadena: las personas cultivadoras y las consumidoras. A la pregunta: ¿La reducción de daños promueve el consumo?, Touzé argumentó que la afirmación es un mito que circula mucho. “La reducción de daños no promueve el consumo, pero tampoco lo condena, prohíbe ni juzga moralmente. Y esto es porque la reducción de daños entiende que el consumo de sustancias psicoactivas es una práctica social, no necesariamente una enfermedad ni un crimen. Y, como toda práctica social, conlleva riesgos. La reducción de daños lo que busca es minimizar esos riesgos que puedan estar asociados con el uso de determinadas sustancias, con cómo se lleva a cabo esa práctica”. 

Asimismo, la experta explicó que uno de los acuerdos alcanzados en su mesa fue que la mayoría de los riesgos asociados al consumo proviene de las políticas de drogas vigentes; de la guerra contra las drogas, que produce más daños que las propias sustancias. “La reducción de daños pasa por reconocer a las personas y colectivos que deciden consumir ciertas sustancias. ¿Quién puede decir que no consume ninguna? Hay sustancias que han sido declaradas ilegales, y son esas las que asustan, las perseguidas, las que dan motivo a la guerra contra las drogas. Quizás cuando podamos pensarnos todos y todas como personas que consumimos sustancias, también podremos acercarnos a una mayor comprensión de qué es esta práctica que conlleva riesgos, y que para algunas personas trae también beneficios”. 

Durante su estancia en Barcelona, Touzé habló con Las Drogas Info.

Pregunta. ¿Cómo nace la Asociación Intercambios y cuál es la labor que realiza?

La Asociación Intercambios es una organización de la sociedad civil argentina. Tenemos base en la ciudad de Buenos Aires y nació hace 30 años, en un contexto muy particular.
En ese momento, en Argentina —no en todo el país, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires— teníamos un grave problema sanitario con el VIH, que estaba afectando de manera muy fuerte a las personas que usaban drogas por vía inyectable. Llegamos a tener, a mediados de los años noventa, tasas en las que casi el 50 % de las personas diagnosticadas con VIH en el país habían contraído el virus por el uso compartido del material de inyección.

Pese a esa grave situación, la política pública hacía caso omiso, y la única respuesta a esa población era: “dejen de usar drogas”. Ese era el único mensaje que recibían.
Con un grupo de colegas decidimos que había que hacer algo distinto, que había que dar otra respuesta. Así creamos la Asociación Intercambios, con una misión fundacional que definimos como la construcción y aplicación de conocimientos ligados a los problemas vinculados con las drogas, en un marco de defensa de los derechos humanos y de rigurosidad científica.

Esos fueron los pilares desde los cuales decidimos crear la organización. Abrimos cinco líneas de trabajo interdependientes, que son las que sostenemos hasta la actualidad: investigación, intervención social, incidencia política, capacitación y asesoría.
Hacemos investigación para que esos resultados nos orienten en el trabajo territorial, y el trabajo en los territorios nos da iniciativas para intentar impactar en la política pública. Todo eso, además, contribuye a la formación y capacitación de recursos humanos.

P. ¿Cómo describiría la actual política de drogas de Argentina con el gobierno de Milei?

Casi en silencio. ¿Qué quiero decir con esto? Primero hubo un cambio institucional, porque desde 1989 Argentina tenía una agencia nacional dedicada a las políticas de drogas —la Sedronar— con rango de Secretaría de Estado, encargada de dictar políticas y ejecutar acciones sobre este tema. Esa secretaría, hoy, con este gobierno, fue incorporada dentro de la estructura del Ministerio de Salud. En sí mismo no es algo negativo, porque siempre es preferible que esté en salud y no en justicia o seguridad. Pero eso le ha bajado un poco el rango, la importancia del tema y, sobre todo, ha implicado un recorte presupuestario. Eso es algo que estamos viendo en general en toda la política pública, especialmente en el ámbito social y sanitario. En este momento, en Argentina hay una retracción de la política pública, con recortes presupuestarios y todo lo que eso implica, también para organizaciones como la nuestra —Intercambios—, donde la sostenibilidad de nuestras acciones se está volviendo sumamente difícil.

Por otro lado, el Ministerio de Seguridad sigue levantando como bandera la “lucha contra el narcotráfico”, y lo que más se difunde como política pública tiene que ver con esto: acciones del área de seguridad muy centradas en la persecución en barrios y territorios vulnerabilizados, en los focos de distribución al menudeo de sustancias. En esto no hay grandes cambios respecto de los últimos años. La persecución criminal se centra fundamentalmente en los pequeños distribuidores y transportistas, con un sesgo muy particular hacia las mujeres. Son mujeres de sectores empobrecidos, jefas de familia, madres solas a cargo de sus hijos, quienes transportan —las mal llamadas “mulas”— o se hacen cargo de la venta al menudeo. Y son ellas quienes reciben la mayor persecución criminal. De hecho, nuestras cárceles de mujeres están desbordadas: más del 70 % de las presas en las cárceles federales de Argentina lo están por delitos vinculados al tráfico de drogas, pero se trata de delitos menores, sin antecedentes de violencia ni nada similar.

Y también están las personas que consumen sustancias. Seguimos teniendo una ley de estupefacientes que no hemos logrado transformar, y que continúa considerando delito la tenencia de drogas, incluso en el caso del consumo personal. Esto criminaliza directamente a las personas que usan sustancias.

P. ¿Ha aumentado el número de mujeres encarceladas por delitos vinculados a las drogas desde la llegada del nuevo gobierno?

R. La verdad es que esta política no ha tenido grandes cambios. No podríamos decir que se ha incrementado con el gobierno actual. Esta perspectiva criminalizadora de los eslabones más débiles de la cadena viene desde hace tiempo. Lo que sí se ha frenado totalmente es el debate parlamentario en torno a la posibilidad de modificar la ley. En otras décadas, el Congreso Nacional fue una caja de resonancia importante: hubo muchos proyectos, mucho debate, aunque nunca se llegó a aprobar una nueva ley. Eso hoy ha desaparecido completamente. La política de drogas no está en la agenda política de Argentina actualmente.

P. Argentina es un país federal y cada provincia es autónoma. ¿Se rigen todas las provincias por una misma política de drogas a nivel nacional?

R. Las provincias, que son las distintas jurisdicciones, tienen cierto grado de autonomía, pero el país es fuertemente presidencialista. Hay una dependencia, además financiera, porque las provincias reciben fondos del gobierno nacional. Eso genera una fuerte centralización en ciertas políticas, como la de drogas. Todo lo referente a la esfera criminal de la política de drogas —la persecución al tráfico ilícito— es un delito federal. Por eso la jurisdicción federal, las fuerzas de seguridad y las policías federales son las que intervienen.

En la parte asistencial hay cierta responsabilidad de los gobiernos provinciales, lo que genera desigualdad en el país: depende de dónde vivas, de qué servicios haya y a cuáles puedas acceder. En ese sentido, la situación es bastante complicada.

P. ¿Les resulta difícil a las organizaciones que trabajan en reducción de daños explicar en qué consiste este enfoque y llevarlo a la práctica, especialmente, en zonas alejadas de los grandes centros urbanos?

R. Sí, sin duda. Por un lado, todavía hay resistencias hacia el enfoque de reducción de daños, incluso en espacios sanitarios. En muchos lugares sigue predominando una perspectiva manicomial o asilar, que considera a las personas que usan drogas como enfermas o moralmente reprochables. Hay resistencias dentro de los propios equipos de esas instituciones, a las perspectivas comunitarias, a darle voz a las propias poblaciones afectadas. Y eso, para la reducción de daños, es clave: que sean las propias personas y sus colectivos quienes planteen sus necesidades y orienten las acciones.

Además, atravesamos una crisis de financiamiento muy seria. Para las organizaciones de la sociedad civil, los recortes de apoyos gubernamentales y la disminución de fondos internacionales están generando una situación crítica. Esto nos lleva a preguntarnos cómo continuar con acciones que son absolutamente necesarias. En Intercambios trabajamos con poblaciones en situación de calle —personas totalmente vulnerabilizadas, sin acceso a servicios básicos— y también en espacios festivos, de ocio nocturno, con sectores medios o medios-altos. Esa es una particularidad de la reducción de daños: poder estar presentes con distintos tipos de poblaciones, que tienen diferentes necesidades de intervención.

R. Durante una visita a Casa Lucero, en Buenos Aires, justo antes de la elección de Javier Milei, pudimos ver estrategias de reducción de daños a través de talleres —por ejemplo, de preparación de café— para facilitar la inserción laboral de las personas. En ese momento nos comentaron que ya había temor por los posibles recortes si había un cambio de gobierno.

R. Este recurso está en la Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico del país, y aun así estamos viendo recortes presupuestarios. Además, muchas veces los gobiernos adoptan una mirada que carece de justicia social. Por ejemplo, actualmente tenemos un incremento enorme de la población en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, y la política pública tiende más a ocultar o invisibilizar estas situaciones que a afrontarlas desde una respuesta que reconozca derechos para esa población.

Hay diferencias según la provincia o la jurisdicción, pero el momento es complicado —y especialmente para organizaciones como la nuestra— de manera bastante generalizada.

P. Fuiste una de las fundadoras de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños. ¿Cómo nació esta iniciativa y qué significado tuvo para la región?

R. Fue una iniciativa muy interesante que surgió en 1998. Ese año América Latina fue sede de la Conferencia Internacional de Reducción de Daños, realizada en la ciudad de São Paulo, en Brasil. Muchos años después la conferencia volvió a celebrarse en la región, en Bogotá, pero aquella experiencia fue muy movilizadora. En ese contexto, un grupo de activistas que recién comenzábamos nuestras experiencias en reducción de daños tuvimos la idea de crear esta red.

Duró un tiempo y, aunque luego no continuó como estructura activa, fue muy importante. Generó un movimiento de gran solidaridad del activismo en reducción de daños de toda la región. También fue un espacio para conocernos con colegas brasileños, colombianos, uruguayos y mexicanos, y para gestar un movimiento con las particularidades que tiene la reducción de daños en América Latina, que no es igual a lo que ocurre en otras partes del mundo.

P. ¿Lograron incidir en las políticas públicas a través de esa red?

R. Sí. En ese momento —hablamos de los años noventa—, muy ligado a la epidemia del VIH, la red apoyó iniciativas que, para esa época, eran muy polémicas, como los primeros programas de entrega de material de inyección para personas que se inyectaban drogas. Era algo que en Europa ya era habitual, pero que en nuestros países no fue fácil de implementar.

P. En esta conferencia sobre políticas de drogas y derechos humanos en Barcelona, se han visto experiencias de Colombia, Catalunya, Perú o Argentina ¿Qué puede aprender Europa de América Latina?

R. La gran fortaleza que tenemos en América Latina es el movimiento comunitario. No digo que no exista en los países europeos, pero aquí hay una fuerza particular. Existen matrices teóricas muy fuertes en nuestra región, ligadas a las tradiciones de la salud colectiva, la salud mental comunitaria y la educación popular. Además, hay una experiencia y un saber hacer de América Latina que creo que es muy rico, y que quizás podría fortalecer ciertos procesos en otras regiones del mundo.