El informe “Ciudades europeas en primera línea: reducción de daños y política de drogas – necesidades, buenas prácticas y recomendaciones” fue elaborado en 2025 por Nadia Vissram y Katrin Schiffer, y publicado por la Red Europea de Reducción de Daños Correlation (Correlation – European Harm Reduction Network, C-EHRN) dentro de la Iniciativa de Ciudades Europeas sobre Política de Drogas (European City Initiative on Drug Policy, ECIDP).
Las ciudades europeas están en la primera línea de la política de drogas y la reducción de daños. Con poblaciones urbanas en crecimiento y tendencias de consumo en rápida transformación, los municipios enfrentan desafíos únicos que incluyen la falta crónica de financiación, las carencias de servicios, el estigma, la resistencia política y la expansión de nuevas sustancias psicoactivas. Al mismo tiempo, las ciudades se han convertido en verdaderos laboratorios de innovación, desarrollando enfoques pragmáticos y basados en los derechos humanos que salvan vidas, mejoran la salud pública y fortalecen las comunidades.
El informe reúne los resultados de consultas realizadas entre mayo y agosto de 2025 con autoridades locales, coordinadores de políticas de drogas, proveedores de servicios y organizaciones civiles en ciudades como Ámsterdam, Berlín, Glasgow, Viena, Atenas, Bratislava, Bruselas, Milán, Praga, Turín, Múnich y Zúrich. Estas reuniones permitieron identificar las principales necesidades, desafíos y prioridades en torno a la reducción de daños y la política urbana sobre drogas, así como destacar ejemplos de innovación y buenas prácticas que pueden servir de modelo en Europa.
Entre los problemas más señalados figuran la falta de recursos financieros sostenidos, la fragmentación institucional y legal que divide responsabilidades entre distintos niveles de gobierno, la escasez de personal especializado en adicciones y salud mental, y las barreras de acceso que afectan a personas migrantes, mujeres, jóvenes, personas sin hogar, trabajadoras sexuales y miembros de la comunidad LGBTQIA+. Además, el estigma y la oposición política siguen frenando el desarrollo de servicios esenciales como las salas de consumo supervisado o los programas de verificación de sustancias.
Las autoras advierten también sobre la rápida evolución de los mercados de drogas en Europa, con un aumento del uso de cocaína, crack, opioides sintéticos y nuevas sustancias psicoactivas. Estos cambios demandan servicios más flexibles, sistemas de alerta temprana y herramientas de respuesta rápida ante el riesgo de sobredosis. En muchas ciudades, la falta de información actualizada y de recursos adecuados impide responder con eficacia a los nuevos patrones de consumo, especialmente entre las poblaciones más jóvenes.
Pese a estas dificultades, el documento resalta que las ciudades europeas están demostrando su capacidad para liderar la innovación en políticas de drogas. Ejemplos como los de Zúrich, Viena, Ámsterdam o Glasgow muestran cómo un liderazgo municipal decidido, la cooperación entre distintos sectores y la participación activa de las personas con experiencia vivida pueden sostener servicios eficaces, reducir daños y mejorar la seguridad y la salud comunitaria. Estas experiencias confirman que la coordinación entre salud pública, servicios sociales y cuerpos policiales, junto con la comunicación transparente con la ciudadanía, es esencial para superar la desinformación y los prejuicios.
El informe ofrece recomendaciones concretas para distintos niveles de acción. A nivel municipal, plantea reforzar el liderazgo local, aumentar la cobertura de los servicios de bajo umbral, incluir a las personas usuarias en el diseño de los programas, estabilizar la financiación, cuidar el bienestar del personal y mejorar la comunicación comunitaria. A nivel nacional, recomienda reformar los marcos legales para garantizar la existencia y legalidad de servicios como las salas de consumo, los programas de análisis de drogas y la distribución de naloxona; asegurar presupuestos plurianuales estables; integrar la reducción de daños en los sistemas sanitarios y educativos; y establecer plataformas de coordinación entre salud, justicia, servicios sociales y seguridad pública. En el ámbito de la Unión Europea, se proponen normas mínimas comunes, fondos permanentes para fortalecer la cooperación entre ciudades y organizaciones sociales, un sistema más ágil de alerta ante nuevas sustancias, y campañas de sensibilización que promuevan la reducción de daños como una herramienta sanitaria y de derechos humanos.
