Socióloga graduada de la Universidad de Costa Rica, con especialización en investigación sobre drogas y análisis de datos. Su carrera se ha centrado en la producción de evidencia científica rigurosa para fundamentar políticas de drogas más justas y efectivas, con un enfoque prioritario en los derechos humanos y la salud pública.
Actualmente, coordina un proyecto de investigación en el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, orientado a optimizar los registros estadísticos de la población sentenciada por delitos de drogas. Es miembro de Latinoamérica por una Política Sensata de Drogas y la Red Latinoamericana para la Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas, donde contribuye al desarrollo y difusión de conocimientos enfocados en la reducción de riesgos y daños asociados al uso de sustancias psicoactivas.
En el mercado de drogas de Costa Rica, las mujeres suelen participar desde los márgenes, ocupando los eslabones más bajos y asumiendo riesgos que ponen su cuerpo en el centro de la transacción. Instrumentalizados por su capacidad de portar drogas y ser “penetrados” por el “producto de valor”, sus cuerpos sostienen transacciones y permiten la supervivencia en condiciones adversas, sin posibilidad de negociación.
"la precariedad laboral, el estigma asociado a la adicción o la falta de acceso estable a la atención médica" son factores "negativos" para esta población.
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