La reducción de daños está precisamente en aquello que se pierde con su integración en un sistema tecnocrático de atención a las adicciones. Está en devolver la agencia a los usuarios, proteger derechos.
Si algo nos recuerda este informe es que las políticas de drogas son, o deberían ser, en última instancia, políticas de salud pública, justicia social y de garantía de derechos.
Todo este recorrido ha sido posible gracias a la implicación de cientos de profesionales que, a lo largo de los años, han sostenido el CAS Baluard con rigor técnico, compromiso ético y una profunda mirada humana.
La guerra contra las drogas lleva décadas sirviendo de coartada para intervenciones que poco tienen que ver con la salud pública o la seguridad internacional.