Un volado, coquetear con las seductoras máquinas de azar y sus premios fáciles, apostarle un «quinientón» al equipo preferido. El juego siempre ha formado parte de la tradición mexicana. El problema surge cuando el juego se convierte en adicción.
En México, se calcula que 2% de la población padece trastornos de conducta relacionados con el juego, denunció el senador Alfredo Rodríguez y Pacheco.
Es un problema que afecta, principalmente, a mujeres y adultos mayores, según las estadísticas. Rodríguez y Pacheco propuso crear la Ley Federal para la Prevención y Tratamiento de la Ludopatía, con la finalidad de promover el juego responsable a través de la prevención y la sanción.
«Si bien el hecho de participar en estas actividades es parte de nuestro modus vivendi, no existe una cultura de prevención relacionada a los excesos que provoca el vicio del juego sin control o practicado de manera irresponsable», expuso en su iniciativa.
La ley plantea crear un Consejo Consultivo dependiente de la Secretaría de Salud para promover el juego responsable y tratar la ludopatía, que se caracteriza por una adicción patológica a los juegos de azar.
La iniciativa muerde los límites de la vigilancia con los de la persecución, pues prevé la obligación para todos aquellos que cuenten con permiso por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) para la realización de juegos y sorteos, restrinjan el ingreso a sus establecimientos a personas declaradas interdictas, así como a los ludópatas diagnosticados por prescipción médica especializada.
Como ocurre con las cajetillas de cigarrillos, los permisionarios deberán colocar en lugares visibles avisos sobre los riesgos del juego sin control. También estarán obligados a divulgar campañas publicitarias al respecto.
Para evitar que los jugadores se abstraigan del mundo real, los permisionarios deberán colocar relojes y calendarios en lugares visibles, previniendo -o al menos alertando- a aquellos a quienes prácticamente se les van las horas y los días jugando desaforadamente.
La iniciativa de ley prohibe también la existencia de bancos, cajeros automáticos así como otorgar crédito a los clientes.
Rodríguez y Pacheco aseguró que «para que la ley sea efectiva, se contemplan sanciones a la violación de la misma, que pueden ser multa, suspensión de actividades, revocación del permiso o clausura. Dependiendo de la gravedad, la frecuencia o la concurrencia de varias infracciones».
Las sanciones pueden ir de mil a 10 mil veces el salario mínimo a quien viole las disposiciones de esta iniciativa de ley, que fue remitida a las comisiones de Salud y Estudios Legislativos para su posterior análisis.
