Los hosteleros trasladaron ayer al Congreso de los Diputados su preocupación por la Proposición de Ley de medidas sanitarias contra el Tabaco, conocida como Ley Antitabaco, que sus señorías quieren aprobar antes de fin de año. En la Comisión de Sanidad, el presidente de la Federación Española de Hostelería, José María Rubio, recordó primero, para mostrar la magnitud del problema, que la hostelería española de compone de 375.000 establecimientos, 128.000 millones de euros de ventas y 1.450.000 personas ocupadas.
Dicho esto subrayó que el sector hostelero está «sin ninguna duda contra el tabaco y a favor de la lucha contra el tabaquismo». La actual ley, dijo, «es una buena ley». «Nuestro posicionamiento en contra de la propuesta presentada se basa únicamente en argumentos económicos», señaló. Según dijo, la prohibición total del tabaquismo supondría un «desastre económico» para el sector, el cierre de miles de establecimientos, la ruina de muchísimas microempresas y autónomos y la pérdida de un gran número de puestos de trabajo. En España, precisó, la prohibición total supondría una pérdida de facturación del 10 por ciento.
Ante tal panorama apocalíptico, propuso a los grupos parlamentarios crear en los establecimientos de hostelería que lo deseen zonas para fumar cerradas y compartimentadas, adecuar las instalaciones de extracción, crear una línea de crédito para financiar las inversiones, aprobar un periodo de carencia de 18 meses para adaptarse y retirar de la ley todas las referencias que aludan a la responsabilidad del empresario, «especialmente como responsable de las posibles infracciones cometidas por los clientes».
Ante las preocupaciones y las propuestas del representante de los hosteleros, los portavoces de los grupos parlamentarios se limitaron a agradecer sus palabras y a pedirle que mandara por escrito sus sugerencias. El PSOE se extendió un poco más y recordó al compareciente que aquello era la Comisión de Sanidad, que tiene la obligación de velar por la salud de todos los españoles.
