El informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) conocido esta semana ha revelado un preocupante volumen de consumo de estupefacientes en la población chilena, con particular atención entre los escolares. De acuerdo con el texto, 15,6% de los estudiantes admite que ha usado marihuana en el último año, lo que pondría al país en el primer lugar de la región en este ámbito. No obstante, los datos no son estrictamente comparables, porque el tramo de edad que Chile evalúa -entre 13 y 18 años- es más extenso que el analizado en naciones como Brasil y Colombia (15 a 16 años) y además los estados no actualizan sus cifras al mismo ritmo.
Con todo, el Conace sostiene que el índice de utilización de cannabis se ha mantenido estable alrededor de 15% desde 2001 a la fecha, tasa que -desde luego- tiene de dulce y agraz; de hecho, la nueva secretaria ejecutiva del organismo ha puntualizado que su objetivo es reducir la cantidad de usuarios y que no basta con la contención. A nivel general, la prevalencia de consumo de marihuana alcanza a 6,7% de la población total, número que en el área sólo supera Argentina, con 7,2%.
El documento internacional, que recoge evidencia de 114 países, también ha establecido una correlación entre mayor desarrollo económico y diseminación del uso de cocaína; en efecto, Argentina (2,6%), Chile (2,2%) y Uruguay (1,4%) son las naciones que encabezan el ranking de la región. Incluso los rangos en Argentina y Chile son relativamente equivalentes a los de EEUU (2,6%), España y Reino Unido (3%). Lo específico del escenario local, en todo caso, es que ese 2,2% de prevalencia incorpora la pasta base, que es una adicción más bien vinculada con cuadros de pobreza y vulnerabilidad, lo que la hace más dramática en sus efectos sociales.
El actual gobierno ha definido como una de sus tareas prioritarias en materia de seguridad ciudadana el combate al narcotráfico, ámbito dentro del cual ya se han obtenido significativos logros en la desarticulación de organizaciones delictivas. No obstante, la función estrictamente represiva no disminuirá el problema de la drogadicción si no se opera simultáneamente en la esfera de la demanda.
Un estudio reciente de la Fundación Paz Ciudadana ha detectado, por ejemplo, que resulta más eficiente para el Estado rehabilitar a personas que cometen delitos simples debido a su dependencia de drogas antes que enviarlos a prisión. Para este proceso aumentará la cobertura de los Tribunales de Tratamiento de Drogas, los que han demostrado ser exitosos en la recuperación.
En este contexto, los antecedentes suministrados por el organismo técnico de la ONU constituyen una importante contribución para perfilar estrategias de prevención y rehabilitación. Por lo mismo y tras conocer los datos, expertos y parlamentarios han subrayado la urgencia de desarrollar programas intensivos en el sistema escolar para evitar la entrada de menores en el circuito del consumo. La autoridad del Conace ha agregado otro eslabón crítico donde intervenir: el mundo del trabajo.
