El fiscal especial de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha aclarado hoy que el objetivo del dispositivo «alcolock», que detecta el aire espirado y puede impedir que el vehículo arranque, es que se establezca como alternativa a la suspensión de las penas de privación del permiso de conducir.
Vargas ha comparecido en rueda de prensa para ofrecer los detalles del estudio emprendido sobre este sistema por la Fiscalía de Seguridad Vial, la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA), y cuyos resultados, según ha dicho, recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado.
«Es un sistema esencialmente preventivo, reeducador y rehabilitador y se basa en la voluntad siempre de la persona», ha asegurado Vargas, que ha indicado que está dirigido a los conductores multirreincidentes, y, en concreto, a los que tienen un problema con el alcohol. El sistema «alcolock» impedirá arrancar el vehículo si el conductor no ofrece una muestra de aire espirado cuando quiera ponerlo en marcha, y tampoco lo hará cuando detecte una concentración de alcohol superior a la permitida.
Para poder materializar este dispositivo, ha señalado Vargas, debe haber modificaciones legislativas porque la «idea de futuro» es que en el proceso penal el «alcolock» sea una «alternativa o condición» para las penas de privación del carné de conducir. No sólo afecta desde un punto de vista penal, sino que también se está analizando desde el administrativo, ha apuntado el fiscal de Seguridad Vial, y por ello, una de las propuestas que recoge el estudio es que los conductores que acumulen al menos tres sanciones administrativas por conducir bajo los efectos del alcohol tengan que instalar este dispositivo.
Esa opción siempre habría que «plantearla» al infractor, «no imponerla», ha recordado Vargas, que ha insistido en que el sistema «se condiciona a la voluntaria sumisión del interesado». El fiscal especial de Seguridad Vial ha considerado además que lo idóneo para implantar un dispositivo de estas características es hacerlo unido a un curso de reeducación, e incluso a sistemas sanitarios de desintoxicación de alcohol, pero ha recalcado que aún está en fase de experimentación.
Del coste que supondría este sistema, Vargas ha apuntado que, según los datos de los países que ya han puesto en marcha este dispositivo, el «alcolock» tendría un coste anual por cada conductor de unos 1.200 euros sin cursos y de unos 2.000 euros con ellos. Ha detallado además que algunos países emplean la multa impuesta al infractor para financiarle el dispositivo y en otros la Administración paga una parte y el interesado otra. «Son distintas posibilidades», ha manifestado Vargas, que ha añadido: «todo lo que vaya hacia la prevención es una dirección acertada».
Respecto a los posibles fraudes que pudieran cometerse con este nuevo dispositivo -que en vez del conductor del vehículo un segundo realice el test-, Vargas ha dicho que el estudio también recoge la posibilidad de que se realice una segunda y tercera prueba pasado un determinado tiempo.
