Cada vez son menos los locales de restauración que prohíben fumar en su interior. El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) se muestra preocupado porque actualmente sólo el 26% de los establecimientos estén libres de humos, frente al 38% registrado hace un año.
«La ley que entró en vigor el 1 de enero de 2006 hay que reformarla so pena de que se quede en poco más que papel mojado», defienden desde el CNPT. Y proponen seguir el modelo de las leyes «totales», como las que rigen en Italia o Irlanda.
Tal y como ellos mismos añaden, «buena prueba de que está siendo así es que en la mayoría de pueblos y barrios es imposible o muy difícil hallar un bar o restaurante donde no se fume».
En opinión de estos expertos, los principales responsables de este aumento en el incumplimiento de la ley antitabaco, y en el consecuente descenso de los lugares públicos sin humo, son las empresas privadas y las universidades.
En este sentido, el Comité denuncia que «el 95% de los locales de restauración de menos de 100 metros siguen atiborrados de humo, en ocasiones más que antes de 2005 (al actuar de compensación ante la prohibición de fumar en los centros de trabajo), mientras que en el 60% de los que superan esa superficie se incumple la exigencia de la ley de proteger a los no fumadores».
Reforzar el texto legal
Según estos expertos en tabaquismo, lo ideal sería que el Gobierno central tomase la determinación de reforzar la normativa vigente. «Las leyes de espacio sin humo funcionan y cumplen mejor con su papel protector cuando no presentan ambigüedades, excepciones ni medias tintas», ha declarado la doctora María Ángeles Planchuelo, presidenta del CNPT.
En caso de que no fuera posible mejorar la ley nacional, el organismo propone «la implicación de las Comunidades Autónomas tanto en el desarrollo efectivo de la norma en vigor como en la proposición coordinada de mejoras a la misma».
«Como ejemplo […] puede ponerse el caso de Aragón, donde ya se ha iniciado un proceso de perfeccionamiento de la legislación antitabaco que cuenta con todos los sectores sociales, incluyendo sindicatos, organizaciones de hostelería y consumidores. En términos parecidos se han manifestado las consejerías de salud de Cataluña, Navarra y Andalucía», expresa el CNPT.
«Las víctimas de la permisividad en el sector de la restauración serían los 800.000 trabajadores que emplea», concluye el comité.
