El Informe Mundial sobre Drogas 2026 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dedica este año uno de sus capítulos centrales al impacto del uso de drogas en la seguridad. El tema es oportuno. La relación entre drogas, violencia, delito y control social vuelve a ocupar el centro del debate político, tanto en América Latina como en Europa. Pero precisamente por eso, el informe merece una lectura crítica. No porque carezca de valor, sino porque su principal límite está en el lugar desde el que mira el problema.
El documento reconoce algo importante: la relación entre drogas y violencia no es lineal ni automática. Se distancia, al menos parcialmente, de la vieja idea de que consumir drogas conduce inevitablemente al delito. Acepta que intervienen factores individuales, sociales, económicos, territoriales y políticos, y distingue entre distintos mecanismos: los efectos de algunas sustancias sobre la conducta, los delitos asociados a consumos problemáticos y la violencia propia de los mercados ilegales. Es un avance frente a décadas de discursos simplistas, moralizantes y punitivos.
Pero el problema aparece desde el propio encuadre. El capítulo habla del “impacto del uso de drogas” sobre la seguridad. Esa formulación parece técnica, neutral, incluso razonable. Pero no lo es del todo. Coloca el foco principal sobre las personas que usan drogas y deja en segundo plano la pregunta políticamente más incómoda: ¿cuánto de la inseguridad asociada a las drogas procede realmente del consumo y cuánto procede de la prohibición, la criminalización, la ilegalidad de los mercados y las respuestas represivas del Estado?
Esta pregunta es central. Y no puede ser tratada como un matiz académico. En América Latina, buena parte de la violencia vinculada a las drogas no se explica por los efectos psicofarmacológicos de una sustancia, sino por la disputa por rutas, puertos, barrios, cárceles, fronteras y rentas ilegales extraordinarias. Se explica por la captura de instituciones, la corrupción policial, la extorsión, el reclutamiento de jóvenes sin oportunidades, la financiación ilícita de la política y la existencia de economías criminales que prosperan precisamente porque el mercado es ilegal.
La imagen del consumidor violento, descontrolado y peligroso ha servido históricamente para alimentar pánicos morales y justificar políticas de castigo. Pero la violencia más letal casi nunca está ahí. Está en las estructuras que administran el negocio, en los arreglos entre actores criminales y agentes estatales, en los territorios abandonados por las políticas sociales y ocupados por economías ilegales, en las cárceles convertidas en centros de gobierno criminal, y en los circuitos financieros que lavan beneficios muy lejos de los barrios donde se cuentan los muertos.
Desde España conviene leer este debate sin comodidad moral. Europa no es una espectadora externa de la violencia latinoamericana. Es un gran mercado de consumo, una plataforma logística, un espacio de blanqueo, un territorio de disputa portuaria y una pieza central en la economía política global de las drogas. La cocaína que llega a puertos europeos no aparece por generación espontánea. Las rentas que produce no se quedan solo en los países productores o de tránsito. Circulan por redes financieras, inmobiliarias y empresariales que rara vez reciben la misma atención política, policial o mediática que los pequeños vendedores callejeros o las personas usuarias pobres.
Por eso resulta insuficiente seguir analizando la inseguridad como si fuera una consecuencia directa del “uso”. Las drogas no operan en el vacío. Generan más daños allí donde se cruzan con pobreza, racismo, sinhogarismo, abandono escolar, desempleo, trauma, violencia familiar, ausencia de salud mental, precariedad urbana y debilidad institucional. En cambio, allí donde existen redes de cuidado, vivienda, tratamiento voluntario, reducción de daños, empleo, presencia comunitaria y confianza institucional, los riesgos disminuyen. La sustancia importa, pero el contexto político y social importa tanto o más.
El propio informe ofrece elementos para llegar a esta conclusión, aunque no siempre se atreve a extraerla. Cuando describe escenas abiertas de consumo, reconoce que no se trata solo de sustancias, sino de territorios atravesados por exclusión, estigma, violencia, ausencia de servicios y respuestas públicas inadecuadas. Esa lectura debería conducir a una conclusión clara: desplazar personas mediante operativos policiales no resuelve nada. Solo mueve el problema de una calle a otra, de un barrio a otro, de una estadística a otra. La seguridad no se construye barriendo la pobreza del espacio público.
Esta advertencia vale para América Latina, pero también para Europa. La presión policial sobre escenas urbanas de consumo puede ofrecer imágenes de control, titulares tranquilizadores y rentabilidad política inmediata. Pero si no va acompañada de vivienda, salud, reducción de daños, mediación comunitaria, empleo, tratamiento voluntario y políticas urbanas inclusivas, termina agravando la vulnerabilidad de las personas y desplazando los daños. La política de drogas no puede seguir confundiendo visibilidad del problema con fracaso del orden público.
En América Latina, esa lógica ha tenido consecuencias devastadoras. Las “recuperaciones” de territorios, como las que se produjeron en las comunidades de Alemão y Penha en Río de Janeiro hace unos meses, donde perdieron la vida cerca de 130 personas, suelen durar lo que dura la presencia mediática y las comunidades vuelven al abandono y a la gobernanza criminal. Un mes después de la matanza, el Comando Vermelho había pagado a las familias afectadas el coste de los sepelios y la reparación de los desperfectos causados en sus casas por la policía.
Los decomisos espectaculares son presentados como victorias aunque el mercado se recomponga en pocos días. Las detenciones masivas llenan cárceles donde el Estado pierde control y las organizaciones criminales ganan capacidad de reclutamiento. Las campañas contra el “microtráfico” terminan persiguiendo a los eslabones más débiles: jóvenes pobres, mujeres usadas como correos, consumidores problemáticos o vendedores de supervivencia. Mientras tanto, las estructuras financieras, logísticas, empresariales, institucionales y políticas del negocio permanecen mucho más protegidas.
El informe reconoce que el encarcelamiento de personas que usan drogas, cuando no va acompañado de tratamiento, apoyo social y alternativas reales, puede agravar los problemas que pretende resolver. Pero ese reconocimiento debería ocupar el centro de la discusión, no aparecer como una advertencia lateral. Las cárceles son hoy uno de los principales laboratorios del fracaso prohibicionista. No solo no rehabilitan: rompen vínculos familiares, destruyen trayectorias laborales, exponen a violencia extrema, consolidan identidades criminalizadas y fortalecen estructuras de poder ilegal.
También en España y en Europa deberíamos revisar con más honestidad nuestras métricas de éxito. No podemos seguir evaluando la política de drogas por toneladas incautadas, operaciones policiales, personas detenidas, sanciones administrativas o años de condena acumulados. Esos indicadores dicen poco sobre seguridad real y mucho sobre la inercia burocrática del control. Una política seria debería medir otras cosas: cuántas personas acceden a tratamiento voluntario; cuántas evitan la cárcel mediante alternativas comunitarias; cuántas reducen daños; cuántas recuperan vivienda, empleo o redes familiares; cuántos barrios reducen violencia y estigmatización; cuántos jóvenes dejan de ser captados por economías ilegales; cuántos activos criminales son realmente desmontados y reutilizados con fines sociales.
Ese cambio de métricas es un cambio de poder. Significa dejar de organizar la política pública alrededor de la persecución de sustancias y cuerpos vulnerables, y empezar a organizarla alrededor de la reducción de daños, la redistribución de oportunidades, la salud comunitaria, la justicia social y la seguridad democrática. La seguridad no se consigue multiplicando expedientes penales. Se consigue reduciendo vulnerabilidades, fortaleciendo servicios públicos, regulando mejor, cuidando más y castigando menos.
El Informe Mundial sobre Drogas 2026 avanza al reconocer que la relación entre drogas y seguridad está mediada por contextos. Pero se queda corto al no colocar en el centro el papel de la prohibición, la criminalización y los mercados ilegales. Esa omisión no es menor. Porque la prohibición no es solo una norma jurídica: es una arquitectura global de violencia, desigualdad y selectividad penal. Define quién puede enriquecerse, quién puede ser encarcelado, quién puede morir, quién puede comprar protección y quién queda expuesto al castigo.
Esto no significa negar los daños asociados al consumo. Hay consumos problemáticos que destruyen vidas, familias y comunidades. Hay mercados locales que generan miedo, explotación y deterioro del espacio público. Hay sustancias cada vez más potentes que plantean desafíos sanitarios importantes. Pero precisamente por eso necesitamos mejores políticas, no más reflejos punitivos. Confundir cuidado con control, tratamiento con coerción o prevención con vigilancia solo empeora las cosas.
La agenda pendiente es conocida, pero sigue bloqueada políticamente: descriminalización efectiva del uso y la posesión para consumo personal; regulación responsable y control público de algunos mercados; alternativas al encarcelamiento para delitos menores no violentos; reducción de daños; tratamiento voluntario y de calidad; atención en salud mental; políticas de vivienda primero; empleo e inclusión para jóvenes; justicia restaurativa; persecución estratégica de las finanzas criminales; control democrático de las fuerzas de seguridad; y participación real de las comunidades afectadas.
El desafío no es añadir un poco de salud pública al viejo paradigma de guerra contra las drogas. Es superar ese paradigma. La pregunta ya no debería ser cómo reducir el impacto del uso de drogas sobre la seguridad, sino cómo reducir el impacto de las políticas fallidas sobre la vida, la democracia y el desarrollo.
El informe ofrece datos, matices y advertencias útiles. Pero todavía no da el salto político que el debate necesita. Después de décadas de prohibición, no hacen falta más diagnósticos que confundan síntomas con causas. Hace falta una política de drogas que se atreva a mirar donde más incomoda: no solo al consumo, sino al daño producido por la ilegalidad, la exclusión y el propio Estado cuando responde tarde, mal y con violencia.
