Fiyi ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que parecía cerrado sobre la posible reintroducción de la pena de muerte para delitos relacionados con drogas. La propuesta aparece en un contexto de aumento del tráfico y consumo de sustancias de uso ilícito, especialmente cocaína y metanfetamina, y ha sido analizada por Kya Raina Lal, profesora de Derecho en la Auckland University of Technology, en un artículo publicado por The Conversation.
Según la autora, las llamadas a recuperar la pena capital para delitos relacionados con drogas responden a la percepción de que las sanciones actuales no están frenando este tipo de delitos. El debate se ha intensificado tras varias incautaciones de gran escala. El año pasado, los responsables de la mayor importación de metanfetamina registrada en Fiyi, de más de cuatro toneladas, fueron condenados a cadena perpetua, con un periodo mínimo de 30 años antes de poder optar a la libertad condicional. Más recientemente, otra operación permitió incautar más de dos toneladas de cocaína que, según el análisis, estaban destinadas a Australia y Nueva Zelanda.
La legislación fiyiana ya contempla castigos muy severos. La Ley de Drogas Ilícitas de 2004 prevé para todos los delitos relacionados con drogas multas de hasta un millón de dólares fiyianos, cadena perpetua o ambas sanciones. De acuerdo con el diario, las penas de prisión son prácticamente habituales y, en algunos casos, pueden superar las previstas para delitos como la violación o el asesinato.
Fiyi abolió completamente la pena de muerte en 2015, al retirarla también del ámbito militar. Antes ya la había eliminado para los delitos ordinarios en 1979 y del derecho penal en 2002. La última ejecución tuvo lugar en 1964. La última condena a muerte se dictó en 2002 contra George Speight por traición, aunque posteriormente fue conmutada por cadena perpetua.
Reintroducir ahora la pena capital para delitos de drogas supondría, según Lal, un cambio de rumbo en la trayectoria legal del país. Históricamente, Fiyi había reservado la pena de muerte para delitos considerados de máxima gravedad, como traición, asesinato o genocidio. Aplicarla a delitos de drogas, advierte la autora, supondría un retroceso en materia de derechos humanos y situaría al país en dirección contraria a las políticas internacionales centradas en la descriminalización, la reducción de daños y las alternativas a penas de prisión largas e ineficaces.
El análisis también alerta de un posible efecto desproporcionado sobre jóvenes de zonas empobrecidas y con menor acceso a educación formal, que ya representan una parte importante de la población penitenciaria por delitos de drogas. Además, una medida de este tipo podría alcanzar también los delitos relacionados con cannabis, que constituyen la mayoría de infracciones por sustancias en Fiyi, aunque el debate público esté impulsado sobre todo por la cocaína y la metanfetamina.
Frente a la pena de muerte, Lal plantea una respuesta más amplia: reducción de daños, rehabilitación, alternativas a la cárcel para delitos de bajo nivel, oportunidades laborales y políticas de desarrollo sostenible. La discusión coincide con la revisión de la ley de drogas de 2004 y la posible creación de una nueva oficina especializada y servicios de rehabilitación. Por ahora, no hay indicios claros de que esa reforma vaya a incluir la recuperación de la pena capital.
