Profesionales del ámbito de las adicciones, la salud sexual, la salud mental y la intervención social han reclamado reforzar la coordinación entre los recursos sociales, sanitarios y comunitarios para mejorar la respuesta al chemsex y a otros usos sexualizados de drogas.
Esta ha sido una de las principales conclusiones de la jornada ‘Chemsex: ¿solo química?’, organizada por la Comisión de Intervención de UNAD. Durante el encuentro, las personas participantes coincidieron en la necesidad de abordar este fenómeno desde una perspectiva de salud pública, con intervenciones basadas en los derechos, la reducción de riesgos y el acompañamiento, evitando respuestas simplificadoras, moralizantes o estigmatizantes.
En la inauguración, la vicepresidenta de UNAD, Elisabeth Ortega, defendió la importancia de tratar el chemsex “con rigor, sin simplificaciones y desde una perspectiva de salud pública”. En este sentido, subrayó que las respuestas no pueden centrarse únicamente en el consumo de sustancias, sino que deben tener en cuenta otros factores sociales y emocionales, como el aislamiento, el estigma asociado al VIH, la LGTBIfobia o determinadas situaciones de exclusión y malestar psicológico.
También intervino José Luis Rabadán, en representación de la Comisión de Intervención de UNAD, quien señaló que las entidades de la red llevan años detectando nuevas necesidades vinculadas a los usos sexualizados de drogas en distintos territorios. Según explicó, muchas de estas situaciones no encontraban un encaje claro ni en los recursos tradicionales de atención a las adicciones ni en otros dispositivos sanitarios o sociales.
El chemsex será una de las prioridades de la futura Estrategia Nacional de Adicciones, según explicó Carlos Belmar Ramírez, jefe de servicio de la Subdirección General de Coordinación de Programas de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Belmar destacó que se trata de una realidad compleja y cambiante, en la que conviven el placer, el deseo y la sociabilidad con riesgos importantes para la salud física, mental y social. Por ello, defendió la necesidad de “sostener esa complejidad” desde la salud pública, sin limitarse únicamente a la vigilancia de riesgos y prestando atención a los contextos en los que se producen estas prácticas. Asimismo, insistió en la importancia de evitar enfoques criminalizadores y de avanzar en una respuesta coordinada entre administraciones, entidades sociales, profesionales y personas usuarias. También señaló que no todas las sustancias ni todas las prácticas tienen los mismos riesgos, aunque mostró especial preocupación por el uso de drogas como la metanfetamina, por su elevado potencial de daño.
La ponencia marco de la jornada corrió a cargo del consultor y formador Raúl Soriano, quien analizó las características del fenómeno y advirtió de que “no todos los usos sexualizados de drogas son chemsex”. Soriano explicó que existen otros contextos de consumo sexualizado de sustancias, como los vinculados a parejas, prostitución, clubs de intercambio de parejas o consumo asociado a la pornografía. El chemsex, precisó, hace referencia al consumo intencionado de determinadas sustancias en contextos sexuales, principalmente entre hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, con el objetivo de mantener, intensificar o prolongar las relaciones sexuales durante largos periodos de tiempo.
Entre las sustancias más asociadas a esta práctica se encuentran la mefedrona, el GHB/GBL y la metanfetamina, aunque también pueden aparecer otras como la cocaína, la ketamina, el alcohol o el popper, a menudo en contextos de policonsumo.
Durante la jornada también se abordó la situación actual del chemsex en España, un escenario marcado por una mayor diversidad de perfiles, nuevas necesidades de salud y un aumento de la vulnerabilidad social asociada a determinados consumos. Las personas expertas alertaron de la reaparición de problemas vinculados al consumo inyectado, las sobredosis o los abscesos, así como de los impactos físicos, psicológicos y sociales que pueden derivarse de estas prácticas. En este contexto, se recordó que España se encuentra entre los países europeos con mayor prevalencia de chemsex, según la encuesta EMIS.
Entre las principales conclusiones, las personas participantes defendieron el derecho de todas las personas que usan drogas a recibir una atención especializada y adecuada, independientemente de las sustancias consumidas. También reclamaron reforzar la coordinación entre recursos sanitarios, sociales y comunitarios, impulsar la formación especializada, mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica y ampliar las herramientas de reducción de riesgos.
