Ocho provincias de Canadá se preparan para llevar hasta los tribunales a la industria tabaquera. Columbia Británica encabeza esta movilización y pretende reclamar los miles de millones de dólares que ha tenido que gastar en las enfermedades relacionadas con el consumo de la droga.
Desde septiembre de 2005, según recoge «The British Medical Journal» («BMJ»), una normativa apoya la petición de esta provincia y establece que se trata de una iniciativa enmarcada dentro de lo constitucional. Una afirmación que no comparten los fabricantes de tabaco.
Como explica «BMJ», «la industria tabaquera de Canadá afirma que Columbia Británica se ha excedido en sus poderes intentando aplicar una legislación provincial a empresas que están fuera de su jurisdicción».
Asimismo, en la revista de la Asociación Médica Canadiense, Don McCarty, vicepresidente de Imperial Tobacco Canada, ha señalado que «Columbia Británica puede esperar un largo y tenso litigio. Podría ser el mayor caso de la historia de la jurisprudencia de Canadá».
Además de esta tabaquera canadiense, en el litigio están involucradas otras compañías, nacionales e internacionales: JTI-Mc Donald, Rothmans, Bensons & Hedges, el Instituto de Fabricantes de Tabaco Canadienses, British American Tobacco, Philip Morris y RJ Reynolds Tobacco.
Según la publicación inglesa, las autoridades de la provincia de Columbia Británica «estiman que el coste relacionado con el tabaco superó el pasado año los 430 millones de dólares canadienses (315 millones de euros) y el departamento federal de salud calcula un coste nacional de 4 billones de dólares canadienses anuales (cerca de 3.000 millones de euros)».
Las tabaqueras reclaman que estas cifras «podrían llevarlas a la bancarrota» y subrayan que «los que obtienen un mayor beneficio del tabaco son los gobiernos federales y provinciales, que al año pasado reunieron 9 billones de dólares canadienses (más de 6.600 millones de euros) a partir de los impuestos del tabaco».
Otras provincias han decidido seguir el ejemplo de Columbia Británica. Tres -Terranova y Labrador, Ontario y Nueva Escocia- están preparando normativas similares y otras cuatro -Alberta, Manitoba, Quebec y New Brunswick- parece que se movilizarán en poco tiempo.
Las dos provincias restantes -Isla del Príncipe Eduardo y Saskatchewan- y los tres territorios -Ykón, Nunavut y Territorios del Noroeste-, que también componen el país, todavía no se han pronunciado al respecto.
