400 centros para sembrar ciudadanía en la población de calle que consume drogas en Brasil

La Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos (SENAD) impulsa, con apoyo de la Unión Europea, más de 400 estaciones de derechos e inclusión social para conectar a los servicios públicos a personas con adicciones que viven en la calle.

Fortaleza (Brasil)

Para una europea, en Brasil todo el mundo canta y baila. Canta el recepcionista del hotel, baila la mujer que recoge el desayuno, tararea la vendedora de teléfonos móviles, se balancea el hombre que hace la fila delante de ti. Si uno llega en Carnaval, el fenómeno se multiplica.

Se canta y se baila para espantar los miedos, para sacudirse los problemas, como si el ritmo fuera una manera de conjurar lo que viene. También hay música a primera hora en nuestra visita al Centro de Acceso a Derechos e Inclusión Social, el CAIS, que promueve la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos (SENAD) en Fortaleza, en alianza con el Gobierno de Ceará y el programa europeo COPOLAD.

Lo visitamos como parte de una delegación de COPOLAD III , un programa de cooperación financiado por la Unión Europea que está liderado por España a través de la Fundación para la Internacionalización de la Administración (FIAP) y que promueve el intercambio entre administraciones públicas sobre drogas. La estación de cuidado, como la llaman aquí, es un hormiguero desde temprano 

Según datos oficiales, en 2024 la población en situación de calle en Brasil superaba las 325.000 personas, con un incremento del 552% en la última década, agravado tras la pandemia de covid-19. En muchos de los puntos calientes (“cenas”, se denominan en Brasil), las encuestas indican que más del 75% de las personas consumen alguna sustancia, especialmente crack o cocaína.

Para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, esta población es prioritaria. El programa Ruas Visíveis, del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, impulsa la coordinación de políticas públicas dirigidas a quienes viven en la calle, una iniciativa que coincidió en el espacio y en el tiempo con el apoyo al desarrollo comunitario de las políticas que promueve COPOLAD III. El match fue inmediato. En ese contexto nacen los CAIS.

Puertas abiertas

Los CAIS no son centros de tratamiento. Brasil ya cuenta con la Red de Atención Psicosocial (RAPS) para ello. Son, más bien, una puerta de entrada: puntos de articulación con el Sistema Único de Salud (SUS), el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS) y otros servicios públicos como defensorías públicas, vivienda, alimentación, inserción laboral o social. Un detalle muy pequeño pero metafórico para la inserción: desde el CAIS han logrado que los usuarios participen dentro de un bloco del carnaval (O bloco do Mamao) , que para alegría de todos ha sido campeón del carnaval de Fortaleza.

Es precisamente en esta ciudad donde fue inaugurado el primer CAIS a finales de 2024. Su rasgo más significativo es sencillo y simbólico: el portón permanece siempre abierto. Cualquier persona puede entrar, esté o no en situación de consumo. Ese gesto reduce barreras invisibles: el miedo, el estigma, el desconocimiento.

Puede parecer obvio, pero no lo es. Las personas que viven en la calle enfrentan obstáculos constantes para acceder a sus derechos. Aunque los servicios existan, muchas veces no se acercan por desconfianza o porque nadie les ha explicado cómo hacerlo.

Expertas de COPOLAD III apoyaron durante meses la formación del equipo y la validación del modelo en el barrio. “El acompañamiento de la Unión Europea ha sido fundamental para validar el modelo y aterrizarlo”, señala Nara Araújo, directora de prevención y reinserción social de la SENAD. “Es parte del éxito que el dispositivo tiene en la comunidad porque se ha enraizado en el barrio”.

Hoy el modelo está en fase de expansión, porque es eficaz.

Un contendor verde milagroso

En la entrada del barrio de Moura-Brasil, cerca de uno de los principales puntos de consumo y venta de drogas de Fortaleza se levanta un pequeño contenedor de obra verde con dos oficinas, un espacio de descanso y unas duchas y con sillas blancas en el exterior. Un cartel anuncia: Estación de Cuidado. Agua, lavandería, grupos de apoyo, inserción laboral, apoyo psicosocial.

Hay una fuente, un pequeño huerto con plantas que cuidan las propias personas usuarias y trabajadoras con camisetas verdes que saludan por su nombre a quienes llegan.

Las historias que llegan son múltiples y, en muchos casos, duras. Especialmente las de mujeres que han sufrido violencia de género y que recurren al consumo como mecanismo de afrontamiento. Algunos CAIS están incorporando horas específicas para atención exclusiva a mujeres, generando espacios más seguros.

Nos sentamos a hablar con Liandra de Lima, una mujer trans de 25 años. Habla con suavidad, aún con vergüenza, pero con firmeza. Vivió en la calle “tras varias decepciones”. Vendía su cuerpo para sostener el consumo de alcohol y cocaína que utilizaba para amortiguar el sufrimiento. Nunca se sabe qué empieza antes, si la calle o la adicción. Sufrió violencias. Alguien le habló del centro en uno de sus momentos más difíciles, cuando se quería quitar la vida.

Dice que el psicólogo del centro le salvó. Después llegaron asistentes sociales, enfermeras, el cariño. Inició un proceso de recuperación. “Aquí me escucharon”, resume. 

La historia de Liandra es una entre las más de 170 personas que acuden cada día al CAIS de Ceará. Cada adicción tiene detrás una pena, y en el CAIS, son muchas. 

Cuidar también es reducir daños

En la estación se cuida desde lo básico: se da agua, se hacen pruebas de VIH, se reciben preservativos, se dan talleres de autoestima, se practica capoeira, se pinta o juega al ajedrez o simplemente uno se sienta y se siente seguro. También se ofrece asesoramiento jurídico, que traduce los documentos jurídicos a quien no los entiende y sirve de puente con las defensorías públicas. Sin esa orientación, muchas personas permanecerían atrapadas durante años en laberintos legales que dificultan cualquier reinserción. Aquí se lucha contra la exclusión y en eso, se beneficia a toda la sociedad.

El equipo está formado por doce profesionales, coordinados hasta ahora por el Gobierno de Ceará: reductores y reductoras de daños, psicólogos, personal de enfermería, agentes de calle y, como dijimos, asistentes jurídicos, que son puente con los servicios públicos de justicia.

“Cuando están aquí no se están consumiendo. Ya es una forma de cuidado”, explica Alzeni Vicente, reductora de daños.

Actualmente hay once CAIS en funcionamiento en Brasil y el Gobierno prevé acabar el año con 400, muchos integrados en los Centros POP del Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social. Con un presupuesto modesto, alrededor de 1,8 millones de reales, el impacto potencial es alto: prevenir un contagio de VIH, acompañar una situación judicial, facilitar un empleo o una reunificación familiar tiene un efecto social que trasciende cualquier estadística.

La política que escucha

Al caer la tarde en Fortaleza, un grupo de hombres se sienta en círculo. Los reductores de daños reparten palanganas para los pies con agua caliente con albahaca del huerto para aliviar esos pies machacados por la vida en la calle. Conversan. Hay paz y comunidad. 

A veces, el primer paso no es dejar la droga, sino dejar de estar solo.

Cuando las políticas públicas cambian la mirada hacia los cuidados, se vuelven más humanas. Y también más eficaces.

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