El anuncio del presidente del Gobierno en España, Pedro Sánchez, de impulsar una ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años ha reabierto un debate de fondo sobre cómo regular el entorno digital. La propuesta fue presentada a principios de febrero durante la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái. Allí, Sánchez defendió la necesidad de reforzar la responsabilidad de las grandes plataformas tecnológicas y establecer normas más estrictas frente a los daños asociados al uso intensivo de redes sociales por parte de menores.
España se uniría así a países como Australia y Francia, que ya han tomado o están considerando medidas similares.
En enero, Francia aprobó un proyecto de ley que prohíbe las redes sociales a menores de 15 años y que podría entrar en vigor al comienzo del próximo curso escolar en septiembre. El texto también contempla prohibir el uso de teléfonos móviles en las escuelas secundarias. En el debate francés, la coalición de izquierdas ha defendido reforzar los recursos educativos y evitar enfoques exclusivamente prohibicionistas.
En Australia ya se ha comenzado a aplicar una prohibición para menores de 16 años. Sin embargo, pese al cierre masivo de cuentas, muchas personas están utilizando redes privadas virtuales (VPN) para conectarse a través de servidores ubicados en otros países.
Según lo anunciado, en España la ley obligaría a plataformas como Instagram, TikTok o X a implantar sistemas eficaces de verificación de edad. La medida se enmarca en un paquete más amplio de regulación digital que incluye la lucha contra contenidos ilegales, discursos de odio y prácticas algorítmicas consideradas dañinas. Desde el Gobierno y algunos sectores profesionales se sostiene que el acceso temprano a redes sociales expone a niñas, niños y adolescentes a riesgos relevantes para su salud y bienestar. Entre ellos se citan el acoso en línea, la sobreexposición a contenidos violentos o sexuales, la presión social y la dependencia de las plataformas.
Uno de los riesgos señalados en este debate es el acceso temprano a contenidos pornográficos. Diversos estudios e informes sobre bienestar digital han alertado de que muchos menores acceden a pornografía en edades cada vez más tempranas a través de internet y redes sociales, lo que abre interrogantes sobre su impacto en la educación afectivo-sexual y en la construcción de expectativas poco realistas sobre las relaciones.
En este contexto, la limitación de acceso se plantea como una herramienta de protección frente a contenidos que no están pensados para edades tempranas.
Algunas profesionales de la psicología y la educación han defendido públicamente que establecer límites claros puede ayudar a reducir daños, siempre que la prohibición vaya acompañada de educación digital y acompañamiento familiar, y no se convierta en una solución aislada. Además, organizaciones como Save the Children subrayan que cualquier medida restrictiva debe ir acompañada de más alfabetización digital y educación en el uso responsable de la tecnología.
En esta línea, el debate ha incorporado un elemento clave: la responsabilidad no puede situarse en los menores. El entorno digital está diseñado por adultos y regulado por instituciones adultas, por lo que corresponde a familias, sistema educativo, plataformas y administraciones establecer límites, acompañar y educar.
También hay una preocupación en que la medida no vaya vinculada a la necesidad de una inversión en recursos de salud mental, y quede como una respuesta insuficiente o simplista. Según el informe de Unicef España Infancia, adolescencia y bienestar digital, el 5,7% de las personas adolescentes presenta un uso problemático de las pantallas que interfiere en su vida cotidiana y se asocia a síntomas de ansiedad, depresión y riesgo suicida.
Sin embargo, en este estudio, en el que se preguntó a 120 especialistas globales, el 93,7% señaló que la evidencia disponible es insuficiente para valorar la afirmación de que «imponer y garantizar una edad mínima de 16 años para abrir cuentas en redes sociales beneficiaría la salud mental de los adolescentes en general». No está claro si los problemas de salud mental incrementan el uso de redes o si ocurre lo contrario.
En el debate también se pone sobre la mesa que muchas personas adolescentes hacen un uso neutro o incluso positivo de las redes sociales. Para algunas personas jóvenes, estos espacios permiten conectar con otras que comparten intereses, identidad o experiencias similares. En determinados casos, especialmente entre quienes pertenecen a colectivos o comunidades específicas, las redes pueden funcionar como un espacio seguro y de apoyo que no siempre encuentran en su entorno más cercano.
Otro de los puntos centrales del debate es la dificultad de aplicar la medida sin recurrir a sistemas de verificación de edad. La alternativa técnica a la prohibición pasa, en la práctica, por exigir mecanismos que acrediten la edad de las personas usuarias. Sin embargo, expertas legales y tecnológicas advierten de que los métodos realmente eficaces podrían requerir datos personales sensibles, como documentación oficial, tarjetas bancarias u otros sistemas de identificación. Esto plantea preocupaciones relacionadas con la privacidad y el tratamiento de datos, ya que implicaría el acceso y posible almacenamiento de información personal vinculada al uso de redes sociales.
Lo que sí se sabe es que, de momento, la propuesta del Gobierno se encuentra aún en una fase inicial y deberá concretarse en un texto legal que será debatido en el Parlamento. El proceso legislativo marcará hasta qué punto España avanza hacia un modelo basado en la prohibición o si se opta por enfoques complementarios centrados en educación digital, corresponsabilidad familiar y regulación de las propias plataformas.
