Cuando se habla de drogas en España, es habitual escuchar dos conceptos que a menudo se usan como si fueran lo mismo: reducción de daños y reducción de riesgos. Sin embargo, esta distinción no existe en otros idiomas como el inglés, donde se utiliza un único término (harm reduction) para referirse a todas las estrategias orientadas a minimizar las consecuencias negativas del consumo de drogas. Esta diferencia no es casual ni técnica: tiene un origen claramente político y ha marcado la forma en que se han desarrollado las políticas de drogas en el Estado español.
Así lo explica el sociólogo David Pere Martínez Oró en el artículo ‘La dimensión sociopolítica de la reducción de daños y de riesgos en el Estado español‘, que analiza cómo y por qué se separaron estos conceptos. La reducción de daños quedó vinculada históricamente a personas con consumos problemáticos de heroína y cocaína, muchas veces en situación de exclusión social. La reducción de riesgos, en cambio, se presentó como una estrategia distinta, dirigida a personas que consumen drogas de forma recreativa en contextos de ocio y fiesta.
Esta separación no respondió a una necesidad conceptual, sino a una estrategia para evitar el estigma. A finales de los años noventa, relacionar el consumo recreativo de drogas con la imagen social de la heroína resultaba políticamente inviable. Por eso se optó por crear una etiqueta nueva que permitiera trabajar con otros perfiles de personas consumidoras sin arrastrar ese imaginario negativo.
En el fondo, ambas estrategias parten de la misma idea: aceptar que hay personas que consumen drogas y que seguirán haciéndolo, independientemente de las prohibiciones o los discursos moralizantes. Desde ese punto de partida, el objetivo es reducir la probabilidad de que esos consumos generen daños. Da igual si se trata de repartir jeringuillas estériles, informar sobre mezclas peligrosas, analizar sustancias o facilitar espacios de descanso e hidratación: todas son formas de reducir riesgos y daños.
La reducción de daños comenzó a desarrollarse en España en los años ochenta, en plena crisis de la heroína y del VIH/sida. Durante mucho tiempo, la única respuesta aceptada fue la abstinencia, lo que retrasó la implantación de programas como el intercambio de jeringuillas o el mantenimiento con metadona. Fue la gravedad de la emergencia sanitaria la que obligó a las administraciones a aceptar estas estrategias como un mal menor.
Con el paso del tiempo, muchas de estas iniciativas se integraron en el sistema sociosanitario. Esto permitió ampliar su alcance, pero también tuvo un efecto importante: la pérdida de su dimensión política. La reducción de daños pasó a centrarse casi exclusivamente en la salud, dejando en un segundo plano la crítica a las políticas prohibicionistas que, en muchos casos, generan buena parte de los daños que se pretenden evitar.
La reducción de riesgos apareció más tarde, ligada a la normalización de los consumos recreativos en contextos de ocio nocturno. Programas como Energy Control adaptaron los principios de la reducción de daños a estas nuevas realidades, ofreciendo información veraz, análisis de sustancias y estrategias de autocuidado directamente en fiestas y festivales. El objetivo no era imponer la abstinencia, sino empoderar a las personas para que tomen decisiones más seguras.
El autor distingue entre dos formas de entender la reducción de riesgos. Una, de carácter sociosanitario, se limita a minimizar daños sin cuestionar el marco legal ni político. La otra, de filosofía normalizadora, reconoce que muchos riesgos derivan de la prohibición y sitúa los derechos humanos de las personas consumidoras en el centro de la intervención.
Desde esta última perspectiva, la reducción de riesgos no es solo una herramienta técnica, sino una propuesta con capacidad para transformar las políticas de drogas. Reconocer el peso del estigma, del prohibicionismo y de las desigualdades sociales permite diseñar respuestas más realistas, más eficaces y más respetuosas con la vida de las personas.
