De Selva a Polvo es un informe elaborado por Rebeca Lerer en el marco del proyecto de Intersection Drug Policy, Land and Climate Justice; Iniciativa Negra e International Coalitionn on Drug Policy Reform and Ennviromental Justice. El documento ofrece un diagnóstico amplio, con datos inéditos, sobre los impactos sociales, económicos y ambientales derivados de la prohibición de la cadena productiva de la coca y la cocaína en la Amazonía y en Brasil. Sostiene que la prohibición ha creado un sistema transnacional violento y extractivista que, lejos de reducir la oferta y la demanda, ha agravado la crisis climática, ampliado el control territorial de organizaciones criminales y profundizado desigualdades históricas sobre comunidades indígenas, campesinas y urbanas.
La coca es una planta sagrada con miles de años de uso tradicional en los Andes y la Amazonía. Antes de convertirse en mercancía global, estructuraba formas de vida, cuidado mutuo y gobernanza comunitaria. La criminalización transformó esta relación: redujo la planta a materia prima de una economía ilícita multimillonaria y trasladó a territorios vulnerabilizados los costos ambientales, sanitarios y sociales del modelo prohibicionista. Mientras, las ganancias del comercio global se concentran lejos de los territorios productores.
El informe describe la evolución de la economía de la cocaína: desde los grandes carteles colombianos de los años setenta y ochenta, pasando por la fragmentación posterior tras la caída de esas organizaciones, hasta el fortalecimiento de nuevos actores y rutas. La presión militarizada en Colombia desplazó cultivos y laboratorios hacia la selva y hacia países vecinos, generando el conocido “efecto globo”. Este desplazamiento impulsó la centralidad de Brasil como territorio de refinamiento, almacenamiento y exportación, además de convertirse en el segundo mayor mercado consumidor del mundo.
Brasil ocupa un lugar clave en estas dinámicas. La Amazonía se ha configurado como un corredor crítico para la pasta base procedente de los Andes, y las estructuras de refinación y adulteración se han expandido en múltiples estados. El mapeo incluido en el informe identifica más de 550 laboratorios desmantelados entre 2019 y 2025, lo que sugiere miles en funcionamiento. La cadena de valor genera beneficios enormes para facciones criminales, mientras que personas trabajadoras de base y agricultoras operan en condiciones precarias, bajo violencia constante y expuestos a sustancias tóxicas.
La convergencia entre narcotráfico y degradación ambiental es uno de los puntos más contundentes del análisis. La expansión de la coca en selvas frágiles, el uso de químicos contaminantes en la producción y las dinámicas violentas de erradicación están asociadas a deforestación acelerada, pérdida de biodiversidad, contaminación de ríos y desplazamientos. A esto se suman otras economías ilegales como la minería de oro, la tala clandestina, el tráfico de fauna o el acaparamiento de tierras, que comparten rutas, infraestructura y protección criminal. En la Amazonía brasileña esta superposición se expresa con fuerza, sostenida por carreteras clandestinas, pistas de aterrizaje y corredores fluviales usados por redes criminales brasileñas en conexión con cárteles andinos y grupos europeos y africanos.
El impacto social también es profundo. La política prohibicionista alimenta la militarización, eleva la violencia letal y dispara las tasas de encarcelamiento. Brasil se aproxima al millón de personas presas, con cerca de un tercio encarcelado por delitos de drogas y con una marcada sobrerrepresentación de personas negras, jóvenes y pobres. En las ciudades, el estigma vinculado al consumo de crack se utiliza como herramienta para justificar intervenciones policiales violentas, desalojos y procesos de “limpieza urbana”, especialmente en zonas empobrecidas o en disputa por el mercado inmobiliario.
El informe concluye que no habrá justicia climática, paz territorial ni reducción de violencia mientras persista el paradigma prohibicionista. Propone avanzar hacia la Reducción de Daños Ecológicos, una perspectiva que articula reforma de políticas de drogas, derechos territoriales, gobernanza indígena y sociobioeconomías reguladas. Plantea reclasificar la hoja de coca, restaurar derechos tradicionales de uso y cultivo, y construir marcos que reconozcan la planta como parte del patrimonio biocultural. Según el texto, superar la prohibición no significa desentenderse de los daños, sino construir alternativas que protejan la vida, la biodiversidad y las comunidades históricamente más afectadas.
