Setenta organizaciones internacionales hacen un llamamiento a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y a la Comisión de Estupefacientes (CND) para que condenen de manera inequívoca la pena de muerte por delitos de drogas. Las organizaciones instan a adoptar medidas concretas que garanticen el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos y que conduzcan a su abolición total.
El comunicado denuncia que la falta de una postura firme por parte de estos organismos de la ONU contribuye a la impunidad y a la percepción de tolerancia hacia esta práctica, justo cuando las ejecuciones por delitos de drogas alcanzan cifras alarmantes. Según datos de Amnistía Internacional y Harm Reduction International, en 2024 se registraron más de 600 ejecuciones por delitos de drogas, lo que representa el 40% de todas las ejecuciones en el mundo y un aumento del 25% respecto al año anterior.
La mayoría de estas ejecuciones tuvieron lugar en Irán, Arabia Saudí, Singapur y China. En Irán se contabilizaron unas 500 ejecuciones, equivalentes al 80% del total mundial, mientras que Arabia Saudí pasó de solo dos ejecuciones en 2023 a 122 en 2024. También se documentaron al menos 337 nuevas condenas a muerte en 13 países y unas 2.300 personas seguían en el corredor de la muerte por delitos de drogas en 19 Estados al final del año.
El texto recuerda que el uso de la pena de muerte en estos casos constituye una violación del derecho internacional, que limita su aplicación a los delitos más graves, entendidos como aquellos que implican homicidio intencional. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como las Salvaguardias de la ONU sobre los derechos de las personas condenadas a muerte establecen esta restricción, por lo que su aplicación a delitos de drogas contradice las obligaciones internacionales de los Estados.
Además, la declaración señala que las Convenciones de la ONU sobre drogas no hacen referencia alguna a la pena de muerte. Organismos como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la posición común de la ONU sobre drogas han reiterado que esta sanción vulnera tanto las convenciones como el derecho internacional de los derechos humanos.
Las organizaciones firmantes también critican que algunos gobiernos utilicen el Día Mundial contra la Droga para promover políticas punitivas y reforzar su imagen de “tolerancia cero”, como sucede en China e Irán, donde se han utilizado estas fechas para justificar nuevas ejecuciones. Por el contrario, reclaman que esta jornada se centre en la cooperación internacional desde una perspectiva de salud pública y derechos humanos, y piden que la UNODC incorpore un capítulo específico sobre derechos humanos en su Informe Mundial sobre las Drogas.
Algunas de las organizaciones firmantes son: Amnistía Internacional, Harm Reduction International, International Drug Policy Consortium, FIDH, Reprieve, Transnational Institute (TNI), European Saudi Organization for Human Rights, Drug Policy Alliance, Parliamentarians for Global Action, entre otros (70 organizaciones en total).
