El informe de Amnistía Internacional ‘If we had money and a lawyer, maybe my brother would be alive”: Saudi Arabia’s execution crisis‘ (Si tuviéramos dinero y un abogado, quizá mi hermano seguiría vivo”: la crisis de ejecuciones en Arabia Aaudí), analiza en profundidad la crisis de ejecuciones en Arabia Saudí, documentando violaciones sistemáticas de derechos humanos relacionadas con el uso de la pena de muerte, especialmente contra personas extranjeras y miembros de la minoría chií.
Entre enero de 2014 y junio de 2025, la organización registró 1.816 ejecuciones, de las cuales 597 (casi un tercio) fueron por delitos relacionados exclusivamente con drogas. De estas, alrededor del 75% correspondieron a personas nacionales extranjeras, principalmente procedentes de África, Asia y Oriente Medio (Pakistán, Siria, Jordania, Yemen, Egipto, Nigeria, Somalia y Etiopía). La cifra revela una discriminación estructural y una dependencia de mano de obra migrante que agrava las desigualdades dentro del sistema penal saudí.
El informe examina 25 casos individuales de personas extranjeras condenadas a muerte o ejecutadas por delitos de drogas. Las investigaciones se basan en entrevistas con familiares, revisión de documentos judiciales y análisis de datos oficiales publicados por la Saudi Press Agency (SPA). Los hallazgos muestran procesos judiciales opacos, ausencia de representación legal efectiva y confesiones obtenidas bajo tortura. En muchos casos, las personas detenidas no comprendían los cargos ni el idioma de los documentos judiciales, ni recibieron asistencia consular. Algunas fueron coaccionadas para traficar drogas y las autoridades no investigaron indicios de trata o explotación.
Además del impacto sobre las personas condenadas, el informe documenta el daño psicológico sufrido por sus familias, que a menudo desconocen cuándo se ejecutará la sentencia o si sus apelaciones han sido rechazadas. En algunos casos, las autoridades retuvieron los cuerpos de los ejecutados, impidiendo el duelo familiar. Amnistía Internacional considera estas prácticas formas de trato cruel, inhumano o degradante.
El informe también aborda la persecución contra la minoría chií, que constituye entre el 10% y el 12% de la población saudí, pero representa el 42% de las ejecuciones por delitos de “terrorismo” en la última década. Muchos de estos casos se vinculan a protestas políticas en la Provincia Oriental, y las condenas se basan en leyes antiterroristas vagas y amplias, utilizadas para reprimir la disidencia. En varios casos, incluso menores de edad fueron condenados a muerte, en violación del Convenio sobre los Derechos del Niño, ratificado por Arabia Saudí.
Amnistía Internacional denuncia que las autoridades saudíes han incumplido sus compromisos internacionales al aplicar la pena de muerte en delitos que no alcanzan el umbral de los “más graves” —según el derecho internacional, limitado al homicidio intencional—. En 2024, Arabia Saudí fue uno de solo cuatro países del mundo que ejecutaron personas por delitos de drogas, a pesar de haber anunciado previamente una moratoria temporal.
La organización subraya que los tribunales saudíes imponen la pena capital mediante sentencias discrecionales, en juicios sin transparencia ni garantías de debido proceso, basándose en confesiones obtenidas mediante tortura. Esta práctica vulnera las normas internacionales sobre el derecho a un juicio justo y la prohibición absoluta de la tortura.
En sus recomendaciones, Amnistía Internacional insta a Arabia Saudí a: establecer una moratoria inmediata sobre las ejecuciones y conmutar todas las penas de muerte, abolir la pena capital para todos los delitos, reformar las leyes nacionales sobre drogas y terrorismo para que se ajusten al derecho internacional, investigar posibles prácticas discriminatorias en la aplicación de la pena de muerte según nacionalidad, religión, género o condición socioeconómica, y garantizar juicios justos, excluir confesiones obtenidas bajo tortura y ofrecer representación legal efectiva.
