Una subida de 20 céntimos en el precio de una cajetilla permitiría que 650.000 personas dejasen de fumar. Los autores de un estudio español proponen el establecimiento de este tipo de impuestos con el objetivo de financiar los tratamientos de ayuda a la deshabituación tabáquica.
Actualmente, y a excepción de la Comunidad de Navarra, estas terapias no están siendo financiadas públicamente en España. Una situación que, como apuntan los expertos de la Universidad de la Rioja, influye en que muchas personas no se decidan a suspender su adicción.
Presentado durante las XXV Jornadas de la Asociación de Economía de la Salud -que tuvieron lugar en Barcelona entre los días 13 y 15 de julio-, este nuevo trabajo analiza lo que ocurriría si los fumadores comprasen los paquetes de tabaco un poco más caros.
Un incremento de un céntimo de euro por cajetilla se traduciría, según los datos obtenidos, en una recaudación extraordinaria de 28 millones de euros. De ser invertida para financiar las terapias sustitutivas de la nicotina, esta cantidad «facilitaría el tratamiento a unos 143.000 fumadores de los cuales unos 35.000 cesarían en el consumo».
Dos millones y medio de personas
Si el aumento del precio fuese un poco más acusado -unos 20 céntimos por paquete- se podrían recaudar unos 515 millones de euros, un 8,86% más de lo que se está obteniendo actualmente. Con esta cantidad, los expertos estiman que se podría financiar los tratamientos de más de dos millones y medio de personas, con lo que «se lograría que unos 650.000 fumadores abandonasen el hábito tabáquico».
«El estudio demuestra que existe una vía para financiar los programas de deshabituación tabáquica de modo que los propios fumadores se responsabilicen de la financiación de dichos programas, sin que se modifique la presión fiscal de los no fumadores y sin que los presupuestos sanitarios se vean reducidos para otras actuaciones», destacan los autores.
Aunque habría que introducir una serie de cambios para desarrollar esta iniciativa, los investigadores afirman que «es más sencillo, en términos técnicos, establecer una nueva figura tributaria sobre las ventas minoristas».
Su puesta en marcha, añaden, sería similiar a la de los hidrocarburos, «dejando que las Comunidades Autónomas implanten el tipo impositivo que consideren necesario para sus políticas sanitarias, promoviendo el principio de corresponsabilidad fiscal».
