Tenemos delante una propuesta del gobierno vasco de pedir una regulación legal diferente al actual planteamiento prohibicionista sobre el consumo de cannabis. De hecho, en los últimos años, bastantes políticos, sobre todo aquellos que ya están retirados, u otros personajes ilustres (Vargas Llosa, Coelho, etc.) piden públicamente su legalización. Uno de los últimos ejemplos lo tuvimos con el expresidente del Gobierno, Felipe González, cuando acudió el año pasado en la recepción organizada por el embajador de México en Madrid. Se manifestó partidario de la legalización ante el problema de narcotráfico que sufre el país gobernado por Calderón (2).
No olvidemos que en México se cifran unas 30.000 muertes, muchas de ellas de menores de edad, causadas por la guerra entre narcos y Estado. José Antonio Alonso, anterior ministro portavoz del Gobierno ZP rápidamente desautorizó las palabras de González. Curiosamente, el propio Alonso señaló en su momento, como portavoz de Jueces para la democracia, allá por 1989 cuando veía los toros desde la barrera, en el Manifiesto de Málaga, las bondades del sistema político holandés en relación a la regulación del cannabis. ¿Y qué decir del propio González, que bajo su mando impuso la famosa ley 1 / 92, popularmente conocida como Ley Corcuera, que castigaba duramente el consumo y tenencia de cannabis?
¿No será que este tema aún no es rentable para un gobierno en activo? Probablemente el peso de los votos de los ciudadanos contentos con este talante progresista no supere al de los votos de los que no apoyarían esta causa. De momento el peaje electoral resta más votos que no suma. No nos engañemos, cuando muchos políticos plantean esta cuestión lo hacen básicamente por los beneficios económicos que convellarían esta propuesta. Y de hecho, legalizar el consumo de cannabis bajo un prisma liberal es fácilmente justificable viendo los penosos resultados de la actual política represiva y de control de la oferta. Cualquier prohibición acaba siendo una mina para el mercado negro y el crimen organizado, y fuente de corrupciones del campo público y privado.
Los que temen a este proceso apelan a que los beneficios de regular el mercado de negro causarían el posible aumento dificílmente demostrable del consumo. Asimismo, facilitaría que drogas como la cocaína fueran más deseadas dada la lógica de "la atracción por lo prohibido". Pero obvian aspectos positivos que podríamos controlar: se tendría una sustancia menos adulterada (control sobre la calidad). Situaría los consumidores en espacios más "seguros" (por tanto, controlados). Dispondríamos de más control de la accesibilidad (sobre todo para aquellos adolescentes que actualmente acceden con más facilidad a cannabis que alcohol, por poner un ejemplo). Y un sinfín de etcéteras.
El debate a plantear no es sobre qué problemas provocaría la legalización. Si no, cómo construir un proceso constructivo de regulación legal del consumo de cannabis. Ha quedado sobradamente demostrado que las políticas sobre drogas son problematizadoras, generando más problemas que no soluciones. Y contraproducentes, pues aumentan el consumo a pesar del pretendido control de la oferta. El reto es abrir el debate de la regulación legal, mal llamada legalización. Sin miedos ni tapujos. Visto lo visto, tenemos poco que perder. Eso sí, utilizemos un discurso maduro y coherente. Es decir, reconducir la inversión a perseguir la oferta a favorecer una demanda controlada: mayor dedicación en educación y prevención.
Con esta propuesta del Gobierno Vasco abre una vía. Al menos, reflexiva y que apuesta por hacer frente a una situación real. Habrá que ver cuáles son las reacciones y cómo se viven desde los diferentes intereses. Y qué repercusiones tiene en otras comunidades. Al menos, hay que aplaudir la sensatez de poner el tema sobre la mesa.
Firmado: Jordi Bernabeu Farrús. Psicòlogo y técnico de prevención
Servicio de Salud Pública (Ayuntamiento de Granollers)
