Instituciones Penitenciarias puntualizó ayer que el plan del Gobierno vasco de dispensar heroína bajo control médico en Nanclares de la Oca sólo está «en fase de estudio». El consejero Javier Madrazo, que ya presentó el proyecto este lunes, ha remitido un dossier «muy concretado» al Ejecutivo central. «La drogadicción es un problema muy grave y recibimos con interés cualquier iniciativa en este sentido, pero no hay ningún acuerdo previo y esto lleva una tramitación compleja», detallan en el organismo que controla las prisiones.
El primero que tiene que pronunciarse sobre el asunto es el Ministerio de Sanidad, cuyo informe es preceptivo. De hecho, la administración terapéutica de heroína exige una autorización de la Agencia del Medicamento. A partir de ahí, serán los responsables de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias quienes den o no el visto bueno a las aspiraciones del Departamento de Asuntos Sociales. Un portavoz de Prisiones hizo hincapié ayer en que los detalles difundidos por Madrazo -que situó el inicio del tratamiento en el último trimestre de este año y cifró en 60 los internos participantes- no son más que sus propias previsiones, pendientes de aprobación.
«Estamos en fase inicial y hay que contemplar muchas cuestiones: cómo se hará, quién custodiará la sustancia, cómo se administrará… Hay que tener en cuenta que la única experiencia llevada a cabo hasta ahora, en Granada, fue en un «medio libre». En prisiones, se han hecho cosas en otros países europeos, pero ninguna en España», recordó el responsable.
Dos desenganches fallidos
La idea de dispensar heroína a toxicómanos está recogida en el quinto Plan de Drogodependencias, que se vota hoy mismo en el Parlamento vasco. En el caso de los presos, el propósito del Ejecutivo autónomo es proporcionar esta droga a los internos con condenas largas que hayan fracasado al menos dos veces en programas de desintoxicación. Esta medida se inspira en la filosofía de reducción de daños: gracias al control médico, se limitarían los particulares riesgos que comporta el consumo de «caballo» en prisión, con calidades muy bajas y condiciones poco salubres.
El Gobierno vasco tiene previsto destinar 503.000 euros al proyecto, que se desarrollaría en la prisión alavesa de Nanclares. Según las estadísticas que presentó el consejero, más de la mitad de los 740 reclusos son drogodependientes. En la actualidad hay 283 que toman metadona, una proporción similar a la de otras penitenciarías.
