Desde hoy, 14 de marzo, y hasta el 22 de marzo se llevará a cabo la 67ª sesión de la CND (Comisión de Estupefacientes) en Viena, Austria. En la sesión se realizará la evaluación de medio término, programada para los días 14 y 15 de marzo, que examinará el progreso en la implementación de los compromisos internacionales establecidos en la Declaración Ministerial de 2019 en materia de políticas de drogas.
En este contexto, el Comité de ONG de Drogas de Viena (VNGOC) lanzó el Informe de la Sociedad Civil, en colaboración con el Comité de ONG sobre Drogas de Nueva York. Este informe recopila las diversas perspectivas de la sociedad civil sobre los avances en los 11 desafíos delineados en la Declaración Ministerial. La información para este informe se ha obtenido a través de contribuciones a discusiones temáticas en la CND, consultas regionales y una encuesta en línea en la que participaron 173 organizaciones, la mayoría de ellas prestadoras de servicios y atención a personas usuarias de drogas.
En general, el informe destaca que las personas encuestadas señalaron problemas con el abordaje de desafíos como el aumento de muertes relacionadas con las drogas, la falta de acceso a tratamiento y servicios de salud, o el incumplimiento de convenciones internacionales y obligaciones en derechos humanos. Sin embargo, sí se ha visto un avance en ciertos aspectos, como la remisión de las infecciones por VIH y Hepatitis C. Además, muchas de las personas participantes de la encuesta global y las consultas regionales manifestaron ejemplos positivos que indican un progreso en la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones a nivel nacional e internacional.
Y se identifican algunas cuestiones clave que necesitan abordarse como la necesidad de desarrollo de capacidades y formación pública en salud integral; la inversión en intervenciones preventivas basadas en evidencia; la mejora del acceso a servicios de reducción de daños, tratamiento y recuperación; el abordaje de las causas profundas de los problemas relacionados con las drogas, como la pobreza, la violencia estructural, el racismo, la desigualdad y la falta de acceso a la educación y la atención médica; el cambio hacia políticas centradas en la salud en lugar de medidas punitivas; o la mejora de la colaboración entre los organismos de la ONU para mejorar la coherencia entre el régimen internacional de control de drogas y las obligaciones internacionales de derechos humanos, colocando la igualdad y la no discriminación en el centro de la formulación de políticas de drogas.
Por otro lado, El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) también elaboró un informe sombra en el que, basándose en datos, evidencia y experiencias de la sociedad civil y comunidades, destaca que los avances en la consecución de los objetivos han sido escasos, incompletos o nulos.
«Existen escasas pruebas de que las políticas dirigidas a la prohibición y erradicación de las drogas hayan sido eficaces para reducir los mercados de drogas ilegales, o para abordar su conexión con la inseguridad humana, la violencia y el crimen organizado. Al mismo tiempo, hay abundante evidencia de que el paradigma punitivo promovido por el régimen mundial de control de drogas ha socavado algunos de los objetivos clave de la propia Declaración Ministerial de 2019 y del mismo sistema de la ONU, incluida la promoción de la salud, los derechos humanos y el desarrollo sostenible«, recalcan desde IDPC.
