El presidente Andrés Manuel López Obrador ha encontrado en las medidas punitivas su posicionamiento hacia la crisis del fentanilo. El mandatario ha presentado esta semana ante el Congreso, junto a otras 19 reformas, un proyecto para agregar unos párrafos a la Constitución con el fin de penalizar a los consumidores de esta droga, que mata cada año a miles de personas en todo el mundo. La idea de esta iniciativa había sido adelantada a finales de enero, cuando el titular del Ejecutivo anunció en la conferencia matutina que iba a “actuar con severidad” para evitar que aumentara el consumo de esta sustancia. La reforma planteada, que tendrá que debatirse en el Congreso, donde necesitará más de dos tercios de los votos para salir adelante, incluye la prohibición de los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, y otras “sustancias tóxicas”, como precursores químicos y drogas sintéticas en general.
Lejos quedaron los días donde Morena se proponía abrir debates polémicos, como la legalización de algunas drogas, o la amnistía a aquellos encarcelados por narcomenudeo o por hacer de mulas —el último eslabón de la cadena del narcotráfico, encargado de transportar pequeñas cantidades—. El paso de los años en este sexenio ha visto la mano de López Obrador endurecerse en este tema. La crisis del fentanilo, que acaba con la vida de más de 150 personas cada día solo en Estados Unidos, se volvió incluso un problema diplomático. El vecino del norte presionó a México para que tomara cartas en el asunto. Mientras tanto, las primeras cifras nacionales comenzaron a impactar a los expertos.
