La ley de drogas de Argentina cumple 30 años este fin de semana, y a pesar de que la Corte Suprema de Justicia recomendó hace una década dejar de perseguir a los usuarios de sustancias psicoactivas con el trascendental fallo Arriola, las estadísticas muestran que hay casi tantos detenidos por tenencia de sustancias o cultivo de cannabis que por comercialización. El ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich es sólo un eslabón más del mecanismo de fondos públicos que en los últimos tres años gastó 122 millones de dólares en perseguir a usuarios de drogas y cultivadores de marihuana, según un informe realizado por RESET, una organización compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, politólogos, licenciados en comunicación y estudiantes.
El mecanismo que también incluye al poder judicial y las cárceles, donde la ley mantiene encerradas por estos delitos a miles personas -en su mayoría mujeres extranjeras y pobres-, hace que Argentina gaste unos 2.000 dólares en promedio en abrir causas que por lo general se cierran antes de llegar al juicio. Según datos del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, entre 2016 y 2018 se iniciaron 294.516 causas, de las cuales 30.185 fueron trámites abiertos por tenencia simple o para consumo de drogas, el cargo que se le imputa, cómo se dice en la jerga policial argentina, los “perejiles” que sólo sirven para “hacer estadística”.
Así, y contando también a cultivadores para consumo o solidarios, en 2016 el Estado gastó 42,5 millones de dólares, con un costo unitario promedio de 2.600 dólares por causa; en 2017, el costo ascendió a unos 45 millones de dólares, y con un costo por causa 3.300 dólares; y en 2018, la erogación llegó a los 34,4 millones de dólares y el costo unitario promedio por causa fue de 2.500 dólares. Es que el artículo 14 de la ley de drogas argentina establece que se debe detener a toda aquella persona que “tuviere en su poder estupefacientes”, para luego dejarla libre una vez que se constate que es para uso personal.
