El delegado del Gobierno para el Plan Nacional contra la Droga, Gonzalo Robles, instó a las comunidades autónomas a abordar una «segunda descentralización» para transferir recursos y competencias a los ayuntamientos y que éstos puedan crear sus propias políticas municipales contra la drogodependencia.
En rueda de prensa, Robles explicó que ante la proximidad de las elecciones municipales, es el momento de plantear «proyectos y compromisos» y apostilló que «el PP, coherente con lo que ha sido la actuación del Gobierno, plantea el compromiso de asumir desde los ayuntamientos las políticas preventivas de droga».
De esta forma, justificó la petición de segunda descentralización y que las comunidades autónomas actúen con la «generosidad e inteligencia» para hacer efectivas esos traspasos de recursos y competencias a los ayuntamientos, «porque es la forma de ser más eficaces y acercar a los ciudadanos las políticas».
En este sentido, anunció que aquellas comunidades que sean gobernadas por el PP, en todos los ayuntamientos que superen los 20.000 habitantes habrá un plan municipal de drogodependencias, y anunció que estas transferirán competencias y recursos a las administraciones locales.
Robles, que acudió a El Puerto de Santa María (Cádiz) para participar en la Jornada Regional del PP-A sobre políticas de Atención a la drogodependencia, explicó que el Plan Nacional sobre Droga, que inició su andadura como plan «asistencial» y que ahora es un «plan global», está dando especial protagonismo a la prevención, «que la entendemos no como una acción esporádica, sino como una acción rigurosa y científica».
El delegado explicó que la prevención se asienta sobre tres pilares: familia, educación y recursos sociales, «y son los ayuntamientos los que pueden hacer este papel, porque pueden coordinar las políticas de ocio y tiempo libre, coordinar bibliotecas o casas de juventud que son los más cercanos a los colegios y a las familias».
En este sentido, aprovechó para reclamar a las comunidades autónomas que como la Junta de Andalucía tienen competencias en Educación que «aceleren el ritmo de implementación de los programas de prevención en las escuelas y que podamos tener una cobertura universal y que cualquier niño de Andalucía reciba al menos dos cursos en formación en drogodependencias».
Por otro lado, Robles enumeró las medidas adoptadas por el Gobierno en la lucha contra el narcotráfico, como la reforma del Código Penal, ampliación de los tratamientos alternativos, aumento de las penas por blanqueo de capitales, modificaciones sobre la destrucción de la droga o la «Ley de Fondo», por la que los bienes decomisados a narcotraficantes pueden ser «automáticamente» subastados, por lo que no se deterioran ni pierden valor.
Advirtió que esto permitirá la obtención de más recursos económicos adicionales que irán destinados a la lucha contra la droga y apuntó que «en los últimos años hemos ingresado unos 40 millones de euros, pero si hubiéramos dispuesto este instrumento habrían sido 47 millones, por la no depreciación de los bienes».
La Jornada Regional sobre Política de Atención a la Drogodepencia del PP-A también contó con la participación de su secretario general, Antonio Sanz, quien denunció la falta de «calendario de ejecución» y la insuficiencia del Plan Andaluz contra la Droga en su «compromiso económico», de ahí que justificara la petición de un incremento de su dotación de 36 millones a 60 millones de euros.
