Los directores de Salud Pública de las Comunidades Autónomas dieron ayer el visto bueno al Plan Nacional para la Prevención y el Control del Tabaquismo, que prevé establecer por ley el derecho de los trabajadores a no respirar aire con humo. El Gobierno y las Comunidades Autónomas se han fijado el año 2007 como el horizonte para el plan. El proyecto incluye la prohibición de fumar en centros de trabajo, fijar la edad mínima para comprar tabaco en 18 años y un aumento del precio.
Según explicó ayer tras la reunión de la comisión de Salud Pública el director general de este área en el Ministerio de Sanidad, José María Martín Moreno, el objetivo es que los trabajadores que no quieran ser fumadores pasivos «tengan ese derecho claramente recogido», aunque las empresas podrán regular espacios específicos para que los adictos al tabaco también puedan ejercer su derecho a fumar.
Para ello, apuntó, se reformará el real decreto de 1988 que regula las limitaciones sobre la venta y el uso del tabaco para convertir a las empresas en espacios sin humo. Esta medida concreta la propuesta recogida en el borrador del Plan, que sólo establecía proponer a las asociaciones empresariales que consideraran la provisión de espacios sin humo para trabajadores y clientes como criterio de calidad en las empresas y fijaba como objetivo promover la participación de los sindicatos en las políticas de espacios laborales sin humo.
Edad mínima para comprar tabaco
Entre las medidas del citado plan destaca la prohibición de la venta de tabaco a los menores de 18 años y de la venta de cigarrillos sueltos y «controlar el buen uso» de las máquinas expendedoras. El Plan prevé también el desarrollo de una normativa para regular la publicidad y el patrocinio del tabaco y facilitar a los fumadores el abandono de la adicción con los recursos necesarios para poner a su alcance los programas de «deshabituación tabáquica».
En cuanto a la posibilidad de que la Seguridad Social cubra los programas de desintoxicación del tabaquismo, el director general de Salud Pública se limitó a asegurar que el SNS hará «todo lo que esté en su mano, incluyendo los recursos necesarios, para facilitar que se ejecuten aquellos objetivos».
