«Si el Ayuntamiento no lo hace lo hará la Junta de Andalucía». Así de tajante ha respondido Andrés Estrada, Comisionado para la Droga de la Junta, a la negativa del Ayuntamiento de Málaga de controlar, inspeccionar y sancionar la venta de alcohol por la noche en gasolineras, tiendas de ultramarinos y pequeños supermercados.
Aunque el Comisionado para la Droga aún no se ha dirigido al consistorio malagueño invitándole a la firma del convenio correspondiente por el que las corporaciones asumen la competencia de inspeccionar y sancionar la venta de alcohol por la noche, el edil de Comercio, José Luis Ramos, ya anunciaba la semana pasada la negativa del Ayuntamiento a realizar esta tarea «por su alto coste».
Andrés Estrada afirma que «el control de la venta de alcohol por la noche está garantizada». En ese sentido, recuerda que existe un Cuerpo de Inspectores de la Junta que se dedica a estas tareas y también se cuenta con la policía autonómica. En Málaga, la Junta dispone de seis inspectores de juegos y espectáculos y unos 60 agentes de la policía autonómica que se encargarían de esta labor.
Posición contradictoria
En opinión del Comisionado para la Droga, la negativa del Ayuntamiento de Málaga a realizar este control es «contradictoria» con la postura que ha mantenido la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), de la que el alcalde Francisco de la Torre es vicepresidente primero.
Estrada recuerda que fue la FAMP la que pidió que los ayuntamientos asumieran estas competencias, como una medida de prevención del botellón, y que ésta, además, fue aprobada por el Parlamento andaluz por todos los grupos políticos «incluido el PP, al que pertenece el gobierno municipal de Málaga».
Desde la Consejería de Asuntos Sociales se rechazan los argumentos que esgrime la concejalía de Comercio. Es el propio consejero, Isaías Pérez Saldaña, el que garantiza que el decreto no supondrá coste alguno para los ayuntamientos. La estrategia que ofrece la Junta radica en costear el servicio a través de las sanciones impuestas, que serían gestionadas por los municipios.
