El departamento que dirige Ana Mato y las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), acordaron prohibir los cigarrillos electrónicos en los entornos educativos, asistenciales y en los transportes públicos.
No obstante, para esta sociedad científica sería necesaria ampliar la normativa al resto de establecimientos públicos, así como informar de los peligros para los niños y limitar su publicidad, tal y como está vigente en la actual Ley Antitabaco.
«Teniendo en cuenta que no hay estudios que demuestren su seguridad y eficacia para dejar de fumar, es necesario investigar más para valorar su seguridad a corto y largo plazo y su eficacia como método de abandono del tabaco. Pero, incluso antes de seguir investigando, sería preciso garantizar científicamente el contenido del líquido que se vaporiza. En este sentido, se podría realizar un seguimiento de su consumo a través de la Encuesta Nacional de Salud», ha comentado la coordinadora del GAT, Ana María Furió.
De hecho, en el último informe realizado el pasado mes de julio por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se indica que no hay evidencia científica consistente para apoyar su uso terapéutico. Además, ha prohibido expresamente a los fabricantes que anuncien este producto como una forma de tratamiento del tabaquismo.
Del mismo modo, según han recordado los médicos de familia, la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus sigla en inglés) no considera estos dispositivos como válidos para ayudar a dejar de fumar y manifiesta «algunas preocupaciones» por presencia de toxinas, emitidas en concentraciones bajas, durante el proceso de vaporización de ciertos cartuchos.
También, prosigue, la Unión Europea acaba de aprobar una directiva en la que propone que deberían ser regulados ya sea como medicamentos o como productos de tabaco. «La mayoría de las preocupaciones de seguridad con respecto a los cigarrillos electrónicos se refieren a la falta de reglamentación de las sustancias utilizadas y las inconsistencias en el control de calidad. La actual ausencia de supervisión de la autoridad sanitaria facilita que haya una variabilidad significativa entre los dispositivos, y la administración y cantidad de nicotina», ha zanjado Furió.
